La Plataforma por la Vida y la Familia de Bolivia, uno de los principales grupos providas del país, rechazó enfáticamente el parto prematuro al que fue forzada una niña de once años y que fue la "condena a muerte" del bebé que estaba en su vientre con 24 semanas de gestación, pues falleció a los pocas horas de haber nacido.
"Con profunda consternación, dolor e impotencia, ante la cruel e inhumana sentencia de muerte a un ser inocente, cuyo infanticidio ha sido consumado, y frente a la puesta en riesgo de la vida de una menor con seis meses de gestación obligada a abortar, rechazamos enfáticamente este crimen planificado bajo coerción e impuesto por instituciones gubernamentales y ONG's promotoras del aborto e impulsoras de una agenda anti-natalista", indicó la plataforma en un comunicado a la opinión pública emitido el lunes 8 de noviembre.
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Además, denunció que estas entidades "han impuesto la finalización violenta, forzada y definitiva de la vida de un niño, en contra de la voluntad de la joven madre, el bebé y su tutora, la madre de la menor, a quien se le ha privado todo acceso para saber algo de su hija; hecho que ha sido informado a través de los medios de comunicación".
El sábado 6 de noviembre, el hijo de una niña de 11 años falleció pocas horas después de un parto prematuro forzado. La menor había quedado embarazada por las violaciones del padre de su padrastro.
A pesar de las presiones, la menor y su madre rechazaron la posibilidad del aborto y consideraron la idea de dar el bebé en adopción, por lo que la menor fue recibida y atendida en un hogar de acogida.
Sin embargo, usando un amparo, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, abierta promotora del aborto, llevó a la menor a un centro médico que no tenía las instalaciones adecuadas, donde adelantaron el parto.
Tras un proceso de parto de cerca de 12 horas, el bebé nació en la mañana del 6 de noviembre pesando 500 gramos. Pocas horas después, el recién nacido, al que llamaron José María, falleció.
El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, aseguró este lunes que la salud de la niña es estable y dijo que ninguna persona puede tener acceso al diagnóstico clínico de la menor.
En su comunicado, la Plataforma por la Vida y la Familia condenó "los actos cometidos a la cabeza de la Defensoría del Pueblo bajo directrices de Nadia Cruz, quien, como hemos visto en todas sus declaraciones públicas, propició la vulneración del libre consentimiento para poder continuar con el embarazo hasta que el niño tuviera condiciones de vivir".
Además, el grupo rechazó "el perverso plan que ha sido ejecutado, para acabar con la vida de José María, el inocente con cuyo sacrificio se ha pretendido hacer pagar los actos de un depravado".
"Exigimos se dé curso a la condena definitiva del violador del que hoy nada se habla. La justicia debe caer con todo el peso de la ley para que nunca más pueda hacerle daño a ella o a otra persona", acotó.
"Exigimos al Ministerio Público actuar de oficio en este caso que tiene que ver con la justicia penal, dar con los autores del hecho punible con el agravante de que quienes tenían que defender a la niña y su bebé, han hecho todo lo contrario", continuó la institución provida.
La Plataforma por la Vida y la Familia recordó que con el aborto "se arriesgó la vida de la mamá gestante", además de propiciar la muerte la muerte del bebé por su nacimiento pre término.
"Lo ocurrido en Santa Cruz con esta joven madre embarazada es un crimen deplorable, una brutal condena a muerte de su hijo inocente, omitiendo que nuestra constitución defiende la vida. Habiendo nacido vivo el bebé, al momento de incurrir en el aborto, siendo que por el tiempo de embarazo se consideraría un parto prematuro, no existió el consentimiento de su progenitora, quien tiene la patria potestad de su hija menor de edad, la misma, en ningún momento fue suspendida ni extinguida de su autoridad natural reconocida en nuestro Código Nino, Niña y Adolescente, pero se tomaron la libertad de privarle estos derechos", prosiguió.
Los providas también denunciaron que "hay una errada manipulación y malinterpretación de la sentencia constitucional 206/2014".
En Bolivia el aborto es ilegal, pero con la sentencia del 5 de febrero de 2014 del Tribunal Constitucional Plurinacional una mujer víctima de violación puede solicitar el aborto impune.
Si bien la sentencia no establece un límite a la edad gestacional para la práctica, el Ministerio de Salud boliviano regula este aspecto basándose en la Organización Mundial de la Salud, que establece el límite de viabilidad del feto en las 22 semanas.
Asimismo, para que se pueda realizar un aborto basado en la sentencia del tribunal, se debe cumplir con dos requisitos: la presentación de una copia de la denuncia de violación y el consentimiento de la mujer (niña, adolescente, joven o adulta).
En el caso de la niña de 11 años, habiendo sobrepasado las 22 semanas de gestación y luego de que madre de la menor presentó "un memorial de desistimiento", "junto a una carta manuscrita" de su hija rechazando la práctica, no se debió proceder al aborto.
"El ordenamiento jurídico boliviano ampara la vida del niño prenacido, independientemente de la forma de su concepción. La Sentencia Constitucional 206/2014 confirma que el aborto es un delito en la legislación boliviana, por lo tanto, ratifica que el aborto no es legal en Bolivia", precisó el comunicado de la Plataforma por la Vida y la Familia.
"El Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, con cuestionable ética, traducen esta sentencia constitucional como una disposición que permitiría una 'interrupción legal de embarazo', término completamente equivocado, falaz y tendencioso", acotó,
Finalmente, el grupo provida exigió que ahora "se precautele la vida de la adolescente, que sea devuelta a su madre y que reciba toda la atención necesaria y el apoyo psicológico y económico para que continúe con su vida, tratando de superar la doble violencia que ha sufrido por la violación y por obligarle a terminar con la vida de su hijo que llevaba en el vientre".
También exigió que "se informe dónde está el cuerpo de José María y que este sea devuelto a su abuela para que se realicen los oficios en su memoria y se le dé una digna sepultura ya que sus derechos fueron menoscabados y pisoteados, hoy merece ser despedido dignamente".
"Este caso enluta a la sociedad boliviana, que está totalmente indefensa cuando el puñal viene de quien tiene que defender a todos los ciudadanos de Bolivia sin discriminación", concluyó.
Este lunes también se pronunció sobre el caso de la niña, Mons. Aurelio Pesoa Ribera, Obispo del Beni (Bolivia).
"La ley de nuestro país la hizo abortar a la fuerza, después de tres horas el niño murió bajo las garras de los precursores de la cultura de la muerte a causa de un parto inmaduro, le obligaron a nacer aquel niño para que muera, la niña madre ya era víctima y ahora es doblemente víctima", aseguró.
"Por eso la palabra de Dios –continuó el Obispo– es para hacernos recordar que debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en el Dios de la vida, frente aquellos que justifican la muerte del indefenso y del pobre y de aquellos que no pueden defenderse".
Finalmente, advirtió "que quitar la vida al indefenso es desfigurar la imagen de Dios, por eso recordemos que es el mismo Dios quien juzgará y pedirá a cada uno cuentas, porque lo que no podemos hacer es escapar a la justicia de Dios".
Nací en 1991. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Desde 2015 trabajo como periodista digital. Inicié mi carrera en el Diario El Comercio de Perú. En 2016, comencé como redactor en ACI Prensa y me desempeño como editor web desde 2018. A partir de 2024, escribo el newsletter para social media. Me especializo en noticias católicas centradas en la defensa de la vida y la familia, política internacional, tecnología, cultura popular y el Vaticano.
