Por Blanca Ruiz
El Tribunal Constitucional estudiará si la ley de eutanasia vigente en España deesde el pasado 25 de junio vulnera o no los principios de la Constitucion española, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y principios de seguridad jurídica.
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El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la regulación de la eutanasia.
Este tribunal señala que el pleno ha acordado dar traslado de demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportunas.
Según el PP, la ley de eutanasia, que entró en vigor el pasado 25 de junio, vulnera varios preceptos de la Constitución como el derecho a la vida.
El PP presentó el recurso un día antes de que la ley de eutanasia entrara en vigor y se basa en la premisa de que la ley de eutanasia vulnera varios preceptos de la Constitucion y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como el principios de seguridad jurídica.
También precisan que para la elaboración de esta ley no se ha tenido en cuenta la valoración de expertos, y que se ha aprobado sin la aportación de la oposición, con ausencia de informes técnicos, jurídicos, médicos y bioéticos. Además subraya que no existe una verdadera demanda social.
Defienden que la ley es inconstitucional "en la medida de que el régimen establecido incumple los deberes positivo y negativo del Estado de proteger la vida, y en particular de establecer un régimen jurídico que garantice que la decisión ha sido tomada libremente y con plena comprensión de lo que conlleva".
Además subraya la posibilidad de que se den "potenciales abusos" y de qué manera se protege a las personas vulnerables, que son exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto.
Vox también recurrió esta ley, pidió que se decretaran medidas cautelares para la suspensión de la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, el tribunal constitucional denegó la aplicación de la medida cautelar.
