El Obispo de Nottingham (Inglaterra), Mons. Patrick McKinney, instó a los católicos a oponerse a un proyecto que busca legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales, ya que aprobar esta práctica enviaría el mensaje de que "no vale la pena luchar por algunas vidas".
Mons. Patrick McKinney dio este mensaje en un video publicado el 1 de septiembre en respuesta al proyecto de ley conocido como Assisted Dying Bill.
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El proyecto de ley, patrocinado por Molly Meacher, miembro de la Cámara Alta del Parlamento, permitiría el suicidio asistido por un médico para adultos con enfermedades terminales con menos de seis meses de vida, sujeto a la aprobación de dos médicos y un juez del tribunal superior.
"La introducción de un sistema que otorgaría licencia al suicidio asistido para los enfermos terminales enviaría el mensaje, aunque no sea intencionalmente, de que ya no vale la pena luchar por algunas vidas", dijo el Obispo.
"Nuestra ley tal como está, que prohíbe el suicidio asistido, envía un mensaje claro: no nos involucramos en provocar la muerte de otra persona, sin importar cuán enferma o deprimida se sienta", continuó.
Además, dijo que "esta es la forma más segura de proteger a quienes se acercan al final de sus vidas del abuso, la coerción o la presión interna para elegir la muerte asistida por temor a sobrecargar a sus seres queridos".
El proyecto de ley pasó su primera lectura en la Cámara de los Lores el 26 de mayo y está esperando una fecha para su segunda lectura.
Este es el último de una larga lista de intentos de legalizar el suicidio asistido en el Reino Unido. Algunos partidarios de la vida creen que el proyecto de ley plantea el mayor desafío hasta el momento.
"El intento más significativo fue en 2015, cuando la Cámara de los Comunes rechazó abrumadoramente el proyecto de ley que habría legalizado la muerte asistida para adultos con enfermedades terminales", señaló Mons. McKinney, quien fue designado para dirigir la Diócesis de Nottingham en el mismo año.
"Este año, un proyecto de ley casi idéntico, patrocinado por la baronesa Meacher, ha pasado su primera lectura en la Cámara de los Lores y se espera que sea debatido por los miembros de la Cámara, una vez que llegue a su segunda lectura este otoño", agregó.
El Obispo dijo que si el nuevo proyecto se convierte en ley, los profesionales de la salud podrían suministrar drogas letales a las personas gravemente enfermas con la intención de ayudarlas a terminar con sus vidas.
"A los entusiastas de un cambio en la ley les gusta etiquetar eufemísticamente esta controvertida propuesta como 'muerte asistida', cuando en realidad lo que están exigiendo es el suicidio asistido para personas vulnerables gravemente enfermas", dijo.
El obispo de 67 años dijo que ofrecer a los pacientes desesperados "una receta letal" marcaría "un cambio perturbador en nuestra cultura de cuidado".
Sugirió que los defensores del suicidio asistido no estarían satisfechos con los términos del presente proyecto de ley.
"También sería ingenuo creer que, una vez que se promulgue un proyecto de ley como el de la baronesa Meacher, las demandas de suicidio asistido simplemente se limitarían a aquellos que tienen una enfermedad terminal. Si el propósito de la muerte asistida es aliviar el sufrimiento, ¿por qué debería limitarse a los enfermos terminales con solo seis meses de vida?", dijo.
"Los activistas argumentarán inevitablemente que también debería permitirse para aquellos que tienen años de sufrimiento por delante, debido a una enfermedad crónica o discapacidad", aseguró.
Dijo que la experiencia de Canadá mostraba la rapidez con la que se podían eliminar las "supuestas salvaguardias", extendiendo el suicidio asistido mucho más allá de los enfermos terminales.
El 17 de marzo, el Senado canadiense aprobó el Proyecto de Ley C-7, que amplió la elegibilidad para la "Asistencia Médica para Morir".
La legislación eliminó el requisito de que las personas que buscan el suicidio asistido deben tener una muerte "razonablemente previsible" y también permitió a las personas optar por el suicidio asistido con enfermedad mental como única condición subyacente.
En septiembre de 2020, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano reafirmó la enseñanza perenne de la Iglesia sobre la pecaminosidad de la eutanasia y el suicidio asistido.
Desde entonces, los partidarios de las prácticas han logrado avances en varios países europeos.
El Tribunal Supremo de Austria dictaminó en diciembre de 2020 que el suicidio asistido ya no debería ser un delito.
En febrero de este año, el Parlamento de Portugal respaldó un proyecto de ley que aprueba la eutanasia. Pero el presidente Marcelo Rebelo de Sousa vetó la legislación.
También en febrero, líderes católicos y defensores de los derechos humanos expresaron su preocupación por un proyecto de ley que busca legalizar el suicidio asistido por un médico en Irlanda. Pero el proyecto de ley "Morir con dignidad" no logró progresar.
El Tribunal Constitucional Federal de Alemania dictaminó en febrero que una disposición del Código Penal alemán que tipifica como delito el suicidio asistido de "carácter comercial" era inconstitucional.
En marzo, la legislatura española aprobó una ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido, lo que convierte a España en el cuarto país de Europa en aprobar las prácticas, después de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.
Se le pidió al Papa Francisco que comentara sobre la medida en España en una entrevista con la estación de radio española COPE transmitida el 1 de septiembre.
"En Italia, la edad media es de 47 años. En España, creo que es más viejo. Es decir, la pirámide se ha invertido. Es el invierno demográfico al nacer, en el que hay más casos de abortos", dijo.
"La cultura demográfica está perdida porque miramos las ganancias. Se mira al de enfrente... y a veces usando la idea de la compasión: 'Que esta persona no sufra en el caso de ...' Lo que pide la Iglesia es ayudar a las personas a morir con dignidad. Esto siempre se ha hecho".
Mons. McKinney instó a los católicos a escribir a los miembros de la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja del Parlamento y la Cámara de los Lores, expresando su oposición al proyecto de ley.
"Por favor, transmita este mensaje vital: que una receta de drogas letales no es la solución civilizada para las personas vulnerables que buscan un final digno y pacífico", dijo.
Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en CNA.
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