La Fiscalía General de Córdoba (Argentina) solicitó la suspensión de la ley del aborto en esta provincia.
Juan Manuel Delgado, fiscal general de la provincia de Córdoba, y el fiscal adjunto, Pablo Bustos Fierro, firmaron el 3 de agosto un dictamen para que el Tribunal Superior de Justicia frene la implementación de la ley del aborto en la provincia por ser inconstitucional.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
El documento trascendió el 11 de agosto a los medios locales.
En febrero de este año, el precandidato a diputado de Encuentro Vecinal, Aurelio García Elorrio, presentó una acción de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de 1° Nominación de Córdoba, para solicitar que se declare inconstitucional la ley del aborto.
La solicitud fue hecha en representación de "los niños no nacidos y no deseados por sus progenitoras" de la provincia de Córdoba.
En el escrito también se solicitó que se declare inconstitucional el programa que "planea entregar el misoprostol a niñas menores de 18 años" "sin consentimiento de los padres".
En concordancia, García Elorrio pidió una medida cautelar para la suspensión del aborto en todo el territorio provincial hasta que se resuelva la causa.
La acción de amparo fue admitida, pero se rechazó la medida cautelar. Esto motivó a Elorrio a apelar la decisión.
El abogado dijo que "no se trata de impedir la agravación del daño de un niño, sino que se trata simplemente de la vida o muerte: con la cautelar viven y sin la cautelar mueren".
"En el marco jurídico constitucional federal y provincial destruir la vida de un niño hasta las catorce semanas de vida, sin ninguna razón suficientemente gravísima que lo justifique, constituye un atentado inconmensurable a los derechos humanos fundamentales de las personas humanas concebidas", señaló.
Sin embargo, las organizaciones proaborto Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Católicas por el Derecho a Decidir y Clínica de Litigio de Interés Público exigen que la ley del aborto siga aplicándose en la provincia.
Católicas por el Derecho a Decidir es una organización no reconocida por las autoridades de la Iglesia Católica, que promueve el aborto. En octubre de 2020, el Tribunal de Justicia de Sao Paulo (Brasil) dictaminó que esta ONG abortista no use el término "católico" en su nombre, por considerar que la asociación es incompatible con los valores de la Iglesia Católica.
El 8 de agosto, el fiscal Delgado intervino y recomendó al Tribunal Superior de Justicia que haga "lugar a ambos recursos de apelación interpuestos" por García Elorrio "y despachar la medida cautelar".
Acciones de amparo en Argentina
La medida del Fiscal General Provincial se suma a otras acciones presentadas en Argentina para intentar frenar la ley del aborto, aprobada por el Congreso de la Nación el 30 de diciembre de 2020.
En enero de 2021, Marta Aucar de Trotti, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 19 de Resistencia, acogió la medida cautelar para que en la provincia de Chaco se suspendiera la aplicación de la ley del aborto.
Sin embargo, en marzo la acción de amparo fue rechazada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 13 de Resistencia y la Cámara de Apelaciones.
Por su parte, en Mar del Plata, el juez Alfredo López a cargo del Juzgado Federal N°4 suspendió la ley del aborto en todo el país el 7 de junio pasado.
Si bien, la acción del juez fue revocada por ser considerada "improcedente", la acción de amparo aún está a la espera de la sentencia definitiva.