En una carta dirigida a inicios de esta semana al presidente de Sri Lanka, los obispos católicos del país criticaron el "ritmo letárgico" de la investigación que el Gobierno inició sobre los ataques terroristas contra iglesias en el domingo de Pascua de 2019.
Asimismo, cuestionaron por qué las recomendaciones formuladas por una investigación oficial sobre los ataques aún no ha sido considerada.
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La carta del 12 de julio fue firmada por el Arzobispo de Colombo y Cardenal de Sri Lanka, Albert Malcolm Ranjith, así como por varios obispos y casi 30 sacerdotes. Los firmantes le dieron al presidente Gotabaya Rajapaksa un mes para responder a la misiva.
Más de 260 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en los atentados suicidas coordinados en tres iglesias, cuatro hoteles y un complejo de viviendas el domingo de Pascua en abril de 2019. Varios de los atentados tuvieron lugar en medio de Misas y celebraciones religiosas.
La inteligencia extranjera advirtió al Gobierno antes de los atentados, pero una lucha por el poder y una falla en la comunicación entre el entonces presidente y el primer ministro llevaron a que supuestamente fracasara la coordinación de una respuesta inmediata de seguridad.
En la carta de julio, los firmantes señalaron que en los dos años transcurridos desde los ataques, el fiscal general de la nación no ha presentado cargos contra numerosos funcionarios cuya negligencia, en parte, permitió que ocurrieran los ataques.
También cuestionaron si los 42 sospechosos actuales en el caso incluyen a los autores intelectuales del ataque, advirtiendo que los "grandes cerebros" detrás de los atentados pueden escapar a la justicia.
El Cardenal Ranjith señaló que el ex fiscal general de la nación había descrito los atentados como una "gran conspiración" y exigió que el asunto se investigara a fondo y que los hallazgos se compartieran públicamente.
"Si no se puede asegurar la verdad y la justicia de manera satisfactoria en este asunto por parte del Gobierno y este tema se trata de manera bastante superficial, nos veremos obligados a presionar por ello por medios alternativos", concluyó.
El Cardenal Ranjith no especificó cuáles podrían ser esos medios alternativos, pero en el pasado ha debatido la posibilidad de protestas en las calles.
Sri Lanka es una nación insular en el Océano Índico de más de 21 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 1.5 millones son católicos, lo que constituye la abrumadora mayoría de cristianos del país.
El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ganó las elecciones en 2019 y prometió encontrar la verdad sobre los ataques. Su gobierno acusó previamente a un clérigo musulmán –arrestado después de los ataques– de ser el organizador, mientras que los líderes católicos rechazaron tal afirmación y sospecharon de interferencia extranjera.
En la actualidad, se cree que los ataques fueron perpetrados por dos grupos islamistas radicales locales, incluido el Nacional Thowheeth Jama'ath, que había prometido lealtad al Estado Islámico.
La Comisión de Investigación Presidencial completó su informe final en febrero de 2021, pero no dio a conocer sus hallazgos al público.
En cambio, Rajapaksa nombró un nuevo comité de seis miembros para estudiar el informe.
El Cardenal Ranjith obtuvo una copia del informe de la comisión el mes siguiente, informó Asia News.
Entre las conclusiones del informe se encuentra lo que se describe como "responsabilidad penal" por parte del entonces presidente Maithripala Sirisena, quien dejó el cargo en noviembre de 2019 y que ahora es miembro del parlamento, y se recomendó que el fiscal general presentara cargos en su contra. Todavía no se ha llevado a cabo ningún proceso penal de este tipo.
Varios otros funcionarios del Gobierno y de las fuerzas del orden fueron acusados en el informe de "responsabilidad penal" en los ataques, pero la carta señala que éstos no fueron acusados y, en algunos casos, han recibido ascensos, situación que los firmantes de la carta denominan "totalmente inaceptable y equivale a ridiculizar el estado de derecho".
"Es también un acto de cruel indiferencia e inhumanidad hacia aquellos seres humanos que perdieron sus preciosas vidas en los ataques, aquellos que quedaron mutilados de por vida y el sufrimiento causado a sus familias", escribieron los firmantes.
El informe también criticó al ex primer ministro Ranil Wickremesinghe por un aparente "enfoque laxo" hacia el extremismo islámico en el país, pero no hizo ninguna recomendación criminal en su contra.
"En nuestra opinión, las recomendaciones hechas por el informe deben llevarse a cabo con urgencia y sin falta. Sin embargo, el hecho de que solo se hayan cumplido algunas de estas recomendaciones nos causa una gran desilusión", continúa la carta.
El Arzobispo de Colombo ha venido presionando para que se responsabilice a las autoridades de Sri Lanka por no haber evitado los bombardeos tras la finalización del informe.
En octubre de 2020, el Gobierno puso en libertad a cinco de los siete sospechosos arrestados en relación con los ataques, alegando que no había pruebas.
En ese momento, el Cardenal Ranjith dijo que los agentes de seguridad le habían confirmado que había pruebas suficientes contra muchos de los sospechosos arrestados. El Purpurado, junto con amigos y familiares de las víctimas, han comentado que temen que la liberación de los sospechosos signifique corrupción o falta de una investigación exhaustiva por parte del Departamento de Investigación Criminal de Sri Lanka.
En abril de 2021, en conmemoración del segundo aniversario de los ataques, el Cardenal Ranjith habló en el Santuario de San Antonio, junto con líderes hindúes, budistas y musulmanes. El encuentro incluyó oraciones y dos minutos de silencio en recuerdo de los muertos.
Ese mes, la policía arrestó a un ex ministro del gabinete y a su hermano por presuntos vínculos con los atentados.
Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en CNA.
