Cerca de 200 profesionales de la salud enviaron una carta abierta al secretario de Salud de Escocia, Humza Yousaf, en la que rechazaron y expusieron sus preocupaciones sobre un proyecto de ley de suicidio asistido presentado el mes pasado en el Parlamento.
El proyecto legislativo promueve la muerte asistida de adultos con enfermedades terminales y mentalmente competentes. Según la BBC, se espera que se lleve a cabo una consulta sobre su contenido en otoño de 2021.
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La última vez que se debatió el suicidio asistido en el Parlamento escocés fue en 2015. El proyecto legislativo se rechazó por 82 votos contra 36.
La carta abierta contra el proyecto de ley actual fue lanzada por Our Duty of Care (ODOC), un grupo de trabajadores de la salud del Reino Unido que se opone al asesinato intencional de pacientes mediante el suicidio asistido o la eutanasia.
El documento lleva la firma de 175 profesionales médicos, que incluye al doctor David Galloway, cirujano consultor recientemente retirado y ex presidente del Royal College of Physicians and Surgeons en Glasgow, y a la profesora Marie Fallon, catedrática de Medicina Paliativa en la Universidad de Edimburgo.
"Como profesionales de la salud, tenemos el deber legal de velar por la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes. Escribimos con gran preocupación con respecto a la introducción de un proyecto de ley para legalizar el suicidio asistido", indica la introducción de la misiva.
Los profesionales aseguraron que el "cambio de preservar la vida a quitarla es enorme y no debe minimizarse".
"La prohibición de matar está presente en casi todas las sociedades civilizadas debido al valor inconmensurable de cada vida humana. Toda persona tiene derecho a la vida en virtud del artículo 1 de la Ley de derechos humanos de 1998, de modo que nadie debe ser privado de esa vida intencionalmente", resaltaron.
En ese sentido, los expertos aseguraron que "cualquier cambio amenazaría la capacidad de la sociedad para proteger a los pacientes vulnerables del abuso, socavaría la confianza que el público deposita en los médicos y enviaría un mensaje claro a nuestros pacientes frágiles, ancianos y discapacitados sobre el valor que la sociedad les otorga como personas".
La carta también afirma que "lejos de que la decisión de una persona no afecte a nadie más, nos afecta a todos".
"Es posible que algunos pacientes nunca consideren el suicidio asistido a menos que se les sugiera. La cruel ironía de este camino es que la legislación introducida con la buena intención de mejorar las opciones de los pacientes disminuirá las opciones de los más vulnerables".
Los profesionales médicos detallan que "uno de cada 60 muertes en Bélgica se produce ahora sin el consentimiento del paciente (los que están en coma, confundidos o ancianos) son sacrificados porque sus vidas no se consideran 'dignas de ser vividas'".
"No quitaríamos la vida a los pacientes, incluso si nos lo pidieran, pero por el bien de todos nosotros y de las generaciones futuras, pedimos que la ley permanezca sin cambios", concluye la carta.
La congresista Pam Duncan Glancy también advirtió que los planes para legalizar el suicidio asistido en Escocia serían "peligrosos para las personas discapacitadas".
Dijo en un tuit: "Estoy profundamente preocupada por esto. Las personas discapacitadas aún no disfrutan de nuestro derecho a vivir con igualdad. Preferiría que tuviéramos el derecho a vivir consagrado en la ley, mucho antes de que tengamos el derecho a morir. Hasta que todo sea igual, esto es peligroso para las personas con discapacidad".
"Necesitamos asegurarnos de que la vida sea mejor para las personas discapacitadas que la muerte. Eso significa atención financiada adecuadamente, vivienda accesible, acceso equitativo a la atención médica y al empleo, etc.", añadió.
Si bien el proyecto de ley sobre suicidio asistido en Escocia no permite que esta práctica se extienda más allá de enfermos terminales y "mentalmente competentes", otros países que aprobaron una ley similar terminaron por ampliarla, como es el caso de Canadá.