Por Blanca Ruiz
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos calificó como "una mala solución que resulta inaceptable, ilegal e injusta" la propuesta de la Ministra de Igualdad de España, Irene Montero, que pretende reformar la actual ley del aborto en España y dificultar o eliminar la posibilidad de que los médicos que no quieran participar en abortos puedan hacer objeción de conciencia.
El pasado 8 de julio la Ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que "el derecho de los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho a decidir de las mujeres".
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Ante estas declaraciones, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) emitió un comunicado en el calificaron la propuesta de eliminar la objeción de conciencia a participar en abortos de los médicos como "una mala solución que resulta inaceptable, ilegal e injusta", además subrayaron que "han de ser los Servicios de Salud y Servicios Sociales los que deben de realizar bien su labor y gestión para garantizar que las mujeres que se vayan a someterse a una Interrupción Voluntaria del Embarazo cuenten con el apoyo apropiado".
El CGCOM destacó que "la objeción de conciencia del personal sanitario es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una práctica o procedimiento va en contra de sus convicciones y creencias".
"La garantía de que una prestación del Sistema Nacional de Salud esté disponible y sea accesible, trasciende el ámbito individual, se articula a través de las redes sanitarias, y tiene como protagonistas a los gestores, más que a los médicos", destacaron en el comunicado.
"Forzar la conciencia de los médicos para ampliar el número de facultativos disponibles en todas las poblaciones, lo que además de inconstitucional es una mala solución, que desde la perspectiva de la profesión médica se considerarían inaceptable, ilegal e injusta", insistieron.
"Dificultar el ejercicio del derecho de objeción de conciencia por las normas o por las instrucciones reglamentarias es inapropiado, pero también es particularmente injusto. Coloca a los médicos en la diana de la contrariedad de los pacientes y de sectores de la sociedad, cuando no tienen la culpa, y cuando las oportunidades de solucionarlo las tienen otros", subrayaron.
Además aseguraron que "es injusto, porque en el momento actual, en la crisis de la pandemia COVID-19, los poderes públicos han acumulado una enorme deuda moral con la profesión médica y con las demás profesiones sanitarias. Mala forma de honrar esta deuda sería provocar conflictos dormidos o utilizar a un colectivo muy dañado y maltratado, como coartada de políticas que no han sido diseñadas con la competencia técnica, o con los recursos materiales necesarios".
Objeción de conciencia es un Derecho Fundamental
Actualmente el Tribunal Constitucional de España considera un derecho fundamental la objeción de conciencia de los médicos "cuando deriva de un imperativo moral vinculado a la vida, como son el caso del aborto y la eutanasia".
Por lo que el Estado debe garantizar tanto que la mujer acceda al aborto, como la posibilidad de que el médico objete, siempre que éste se haya declarado objetor de manera anticipada y por escrito.
La reforma anunciada que presentará la ministra de Igualdad incluirá también eliminar los tres días de reflexión obligatorios que deben pasar desde que se visita por primera vez la clínica de abortos, hasta que éste se lleva a cabo.
También se espera que incluya la propuesta de ley presentada por el PSOE por la que se penalizará con penas económicas y hasta de cárcel, la labor de los grupos provida que se sitúan en las cercanías de las clínicas de aborto para ofrecer información a las madres.
Ley del aborto en España
El aborto es legal en España desde el año 1985. La ley del aborto fue reformada por última vez en el año 2015 y se extendió la posibilidad de abortar a las menores de 16 y 17 años, pero deben contar con el consentimiento paterno.
Las mujeres en España pueden abortar libre y gratuitamente en las primeras 14 semanas de gestación, y hasta la semana 22 en casos de graves riesgos para la salud de la madre o el feto y hasta el final del embarazo en el caso de que el feto tenga anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.
Según los datos del Ministerio de Sanidad durante el año 2019 se practicaron 99.149 abortos en España, 3.232 más que en 2018.
