El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó un informe que avala que la tramitación de la Ley de Memoria Democrática siga adelante, aunque se mostró muy crítico sobre algunos de aspectos del anteproyecto e incluso pidió que se elimine la causal por la que podría extinguirse la Fundación de la Santa Cruz y del Valle de los Caídos, que asegura la presencia de la Orden Benedictina en el Valle.
El informe del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados de España, fue aprobado por 15 votos a favor, 6 en contra y varios votos particulares. El documento ofrece la opinión y el criterio sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, antes de que empiece su tramitación parlamentaria.
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El anteproyecto de ley de Memoria Democrática sustituye a la ley de Memoria histórica de 2007 e incluye, entre otros muchos aspectos, un nuevo modelo de gestión del Valle de los Caídos, con la resignificación del Valle y su conversión en un cementerio civil.
El informe del CGPJ es crítico porque considera que el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática "vulnera la libertad de expresión", aunque de manera genérica "respeta el marco constitucional" porque persigue "la protección del derecho a la dignidad y respeto de las víctimas y de sus familiares frente a mensajes que les menosprecien, humillen o desacrediten".
También advierte del riesgo de "tutela asimétrica", es decir, la protección desigual de la dignidad de las distintas víctimas de las violaciones de Derechos Humanos.
Sin embargo, aunque el informe sea crítico, el hecho de que se haya aprobado por mayoría quiere decir que se da, por así decir, el visto bueno a que la Ley de Memoria Democrática siga su curso.
En el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica se incluye como causa general de extinción de fundaciones que éstas "no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo". Sin embargo, el informe del CGPJ pide que esto se suprima.
Este dato es relevante porque es el supuesto que se esgrime para extinguir o finalizar la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que permite la presencia de la Orden Benedictina en el Valle de los Caídos.
Sin embargo, como el informe del CGPJ y sus recomendaciones no son vinculantes, la Ley de Memoria Democrática podría salir adelante sin las modificaciones que proponen.
Pero de mantenerse los puntos criticados por el CGPJ, este informe podría ser la base para la presentación de recursos posteriores ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional por parte de quienes estén en contra de la Ley de Memoria Democrática.
Principales puntos de la Ley de Memoria Democrática
La tramitación de la nueva Ley de Memoria Democrática comenzó en septiembre de 2020 con su aprobación en el Consejo de Ministros, y deroga la anterior aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007.
Las claves de este texto se centran en el "repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura" y establece el "derecho de las víctimas a la verdad".
Entre los numerosos puntos que incluye esta reforma se encuentra la realización de algunos cambios en el Valle de los Caídos, que es considerado "un lugar de memoria democrática" cuya "resignificación" irá destinada a dar a conocer "las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado".
Por eso se prohibirá allí los actos de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura.
De esta manera, en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer, según la norma, los restos de fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil. Por lo que la ley prevé "la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto", algo que podría afectar a la tumba de José Antonio Primo de Rivera, creador de la Falange, el partido político con el que Francisco Franco sustentó su régimen.
También propone que se elimine la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, "por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales".
El Gobierno atenderá las reclamaciones de exhumaciones de los familiares. "Para el caso de imposibilidad técnica de exhumación, se acordarán medidas de reparación de carácter simbólico y moral", prevé la norma.
Ley de Memoria Histórica de 2007
La Ley de Memoria Histórica fue aprobada en el año 2007, durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y establece una serie de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura de Francisco Franco.
Entre esas medidas se prevé la retirada de monumentos, símbolos o nombres de lugares públicos relacionados con la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, expertos la consideran una ley controvertida porque no favorece la reconciliación de los españoles.
Los monumentos de la Iglesia Católica quedan fuera de la aplicación de esta ley; sin embargo, esto no ha sido respetado en otras ocasiones y se han retirado tanto cruces como nombres de calles relacionados con órdenes religiosas.
Valle de los Caídos
El Valle de los Caídos se construyó entre 1940 y 1958 como mausoleo de quienes lucharon en la Guerra Civil española. Es un complejo arquitectónico en donde se encuentra una abadía benedictina, que cuenta con una cruz, una escalinata, una explanada y una basílica.
Francisco Franco fue enterrado allí tras su muerte en 1975, así como José Antonio Primo de Rivera. Junto a ellos también reposan los cuerpos de casi 34 mil combatientes de la Guerra Civil de ambos bandos.
Para los detractores del Valle de los Caídos se trata de un monumento controvertido porque lo consideran un recuerdo del régimen franquista y la exaltación de la memoria de Franco.
En octubre de 2019 los restos de Francisco Franco fueron exhumados del Valle de los Caídos y trasladados en helicóptero al cementerio de Mingorrubio, Madrid.