La Conferencia Católica de California (CCC) publicó una declaración en la que repudia la decisión de la Corte Suprema Estatal que obliga a Catholic Charities Inc. a pagar por los servicios de anticoncepción que sus empleados soliciten en sus planes de seguro, aunque este financiamiento vaya en contra de las enseñanzas de la Iglesia.
En Sacramento, Ned Dolejsi, director ejecutivo de la CCC, presentó el documento. El texto aclara que el fallo es una decepción amarga “para todos los que creen que la libertad de expresión y la libertad religiosa son las piedras angulares de nuestra sociedad. La acción de la Corte recurre al poder del Estado para obligar a la Iglesia Católica a violar sus convicciones y agrede los derechos de todos los californianos”.
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El fallo desconoce que Catholic Charities Inc. –organización caritativa de la Iglesia en Estados Unidos- sea una organización religiosa y no le concede el derecho a la objeción de conciencia.
“Este caso nunca trató de anticonceptivos. Nunca fue sobre el seguro. Fue sobre nuestra capacidad de practicar nuestra religión –ofreciendo alimentos, abrigo y refugio a los más necesitados- como una organización religiosa que es parte de la Iglesia Católica”, indica el comunicado.
Asimismo, declara que "creemos firmemente que la libertad de expresión y religión son valores universales por los que vale pelear. Mientras no se alcance una decisión final, consultaremos a nuestros abogados y revisaremos nuestras opciones legales, aunque esto implique apelar la decisión ante la Corte Suprema del país”.
Que los obispos se pronuncien
La American Life League (ALL) pidió a los obispos de California que también se pronuncien sobre el caso. “La decisión es una afrenta descarada contra todas las personas de fe y una clara violación del libre ejercicio de la religión”, sostiene la ALL.Además, precisa que “parece que el estado de California trata de convencer a mundo que arriba es abajo, que lo errado es lo correcto. Busca reconocer derechos que no existen (en alusión a las uniones homosexuales), mientras usurpa los derechos constitucionales de los católicos californianos de tener un libre ejercicio de la religión”.La ALL recordó que los obispos del estado “tienen la responsabilidad de hablar valientemente contra esta decisión. Una respuesta tímida solo servirá para que se erosionen otros derechos de la Iglesia Católica y demás instituciones religiosas del estado. Pedimos a los obispos de California que se mantengan firmes contra esta decisión injusta e inmoral”.