La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) exigió el respeto por la vida e integridad del Obispo de Buenaventura, Mons. Rubén Darío Jaramillo, que ha sido amenazado de muerte en los últimos días por parte de grupos criminales, y alentaron a que se resuelva la grave situación que sufre la región del Pacífico y del suroccidente del país.
En un comunicado, la CEC indicó que del 2 al 4 de marzo se reunieron en Buenaventura 14 obispos para tratar la grave situación de violencia en sus diócesis. "En ese contexto hemos conocido nuevas amenazas contra pobladores y contra el señor Obispo (Mons. Jaramillo). Exigimos respeto por sus vidas y por su integridad", indicó el comunicado emitido este jueves.
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"El camino de construcción de paz que ha emprendido la Diócesis de Buenaventura está guiado por las palabras del Señor, Príncipe de la paz, y no tienen otra finalidad que garantizar la dignidad de cada persona que habita en el territorio", aseguran los obispos en su comunicado.
Sonia Suárez, comunicadora de la Diócesis de Buenaventura, explicó a ACI Prensa que "las amenazas contra Mons. Jaramillo provienen de grupos al margen de la ley".
"Ya el Estado colombiano le ha brindado protección con la Policía Nacional, pero se requiere más apoyo. Además, el Obispo pide no solo por su vida sino por la población civil que en esta ciudad está siendo muy afectada", aseguró.
Un hecho que marcó el repunte de la violencia en la ciudad portuaria de Buenaventura fue el asesinato a finales de 2020 de Dennis Mauricio Sánchez Ortiz, de 28 años de edad y miembro de la banda La Local.
Esa noche comenzó en varios barrios de la ciudad un nuevo repunte de la violencia que se mantiene hasta hoy. Este asesinato ocurrió tras la división de la banda La Local en dos grupos por el control territorial y el tráfico de drogas en la zona.
Según el diario El País de Colombia, en los dos primeros meses de 2021 hubo 30 homicidios en Buenaventura. La mayoría de los asesinados tenía menos de 30 años.
Asimismo, de las 64 cámaras de seguridad que tiene Buenaventura, solo funcionan tres. La Policía dice que investigar en esas condiciones, con apenas algunas informaciones y no con denuncias formales, "se hace muy difícil".
En Buenaventura la violencia ha dejado más de mil desaparecidos y el 82% de la población vive en pobreza extrema. El desempleo ronda el 66% y no hay servicio de agua potable las 24 horas.
Los 14 obispos reunidos en Buenaventura, entre los que están Mons. Darío de Jesús Monsalve, Arzobispo de Cali; y Mons. Omar Alberto Sánchez, Arzobispo de Popayán, publicaron hoy un comunicado en el que expresaron "la solidaridad, cercanía, afecto y apoyo a nuestro hermano Obispo de esta diócesis, Mons. Rubén Darío Jaramillo Montora, por las amenazas que desde hace un tiempo ha venido recibiendo contra su integridad y vida, él y otros servidores de la comunidad".
"Es la solidaridad que extendemos a las diferentes comunidades del territorio que acompaña con dolor. ¡Todos tenemos derecho a que la vida sea respetada!", subrayaron.
Los prelados denunciaron "el narcotráfico, el incremento de grupos armados, la corrupción, la extorsión, la pérdida de fe y valores, la ineficiencia de amplios sectores públicos y privados y el maltrato de la casa común. ¡En nombre de los que no son escuchados suplicamos su respeto y valoración como personas!"
Tras resaltar que no se resignan a esta situación, los obispos exhortan "a los gobernantes y a todas nuestras gentes a trabajar decididamente en la búsqueda de soluciones integrales a corto y mediano plazo que hagan posible la transformación real de esta triste y angustiante realidad. ¡Seguiremos siendo facilitadores del diálogo y la búsqueda de la paz!".
El Arzobispo de Bogotá, Mons. José Luis Rueda Aparicio, y sus obispos auxiliares, también expresaron su solidaridad con Mons. Jaramillo y pidieron a los violentos en la región del Pacífico y suroccidente de Colombia que abandonen sus "propósitos criminales de enriquecimiento ilícito, a costa de la vida de sus hermanos y que dejen de infundir terror y miedo a los habitantes de esos territorios".
Violencia en el Chocó
En su comunicado, los obispos de la CEC también expresaron su cercanía a "las poblaciones de la región Pacífico que están viviendo una crisis humanitaria profunda por las amenazas, desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos y todo tipo de atrocidades que condenamos enérgicamente".
"Invitamos a toda la sociedad colombiana a expresar el rechazo total a esta escalada de abusos contra la vida y los derechos de los pobladores. Sin duda el territorio ha sido convertido en un escenario de terror por parte de actores violentos".
De acuerdo a Noticias Caracol, recientemente 48 familias indígenas, unas 170 personas, se han desplazado por la violencia en la zona de Alto Baudó, en el departamento de Chocó, por los constantes enfrentamientos entre los terroristas del ELN y el Clan del Golfo, que se disputan el territorio.
Recientemente, a la región llegó una misión humanitaria acompañada por los obispos de Apartadó, Quibdó e Istmina-Tadó que le pidieron al Gobierno no olvidar a las comunidades que están en medio de este conflicto en el que no tienen nada que ver.
"Con mucho dolor hemos seguido de cerca las situaciones descritas por los Obispos del Chocó luego de una visita cuidadosa, de escucha de las comunidades, de profunda solidaridad a la zona del Baudó. Hacemos eco como una sola voz al clamor de la Iglesia en Chocó con sus sacerdotes, religiosos, agentes de pastoral y sus Obispos", indicó el comunicado de la CEC.
"Los alarmantes niveles de pobreza extrema de la región Pacífico, la falta de alternativas para vivir con dignidad, la inequidad, la ausencia en muchas partes de este territorio de servicios del Estado claman por soluciones duraderas", aseguran.
"Nos unimos en oración a los Obispos de la región Pacífico para que el Señor fortalezca el camino que conduce hacia la paz y la justicia social", concluyeron.