El Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), anunciaron que no apelarán la sentencia emitida en primera instancia por el 11 Juzgado Constitucional de Lima que autoriza la eutanasia para la ciudadana Ana Estrada.
El 2 de marzo la Procuraduría General del Estado informó que las instituciones gubernamentales no presentarán ningún recurso judicial. El mismo día, EsSalud también se pronunció a favor del fallo.
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La Corte Superior de Justicia de Lima informó el 25 de febrero que el 11 Juzgado Constitucional de Lima ordenó "al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar la decisión de Ana Estrada Ugarte, de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia".
Ese mismo día, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, respaldó la sentencia a través de Twitter. Un día después, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, opinó que "el Ministerio de Salud no debería apelar".
La sentencia pide que "se inaplique el artículo 112° del Código Penal vigente, para el caso" de Ana Estrada. Este artículo sanciona con una pena de prisión no mayor de 3 años al que "por piedad, mata a un enfermo incurable".
También ordena a EsSalud brindar las condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias para que se realice la eutanasia, y que forme una Comisión Médica Interdisciplinaria para que elabore el plan y el protocolo que deberá presentar ante una comisión del Ministerio de Salud, para que se realice el procedimiento.
Ana Estrada es una peruana de 44 años que padece polimiositis –una enfermedad incurable que la ha dejado en silla de ruedas– y que desde hace unos años reclama al Estado peruano, con el respaldo legal de la Defensoría del Pueblo, el supuesto derecho a la eutanasia.
En declaraciones a ACI Prensa, Percy García Cavero, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (España) y profesor del área de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Piura (Perú), aseguró que en el caso de Ana Estrada hay varios aspectos controvertidos.
"Es el contexto político lo evidentemente sorprendente, porque las instituciones públicas deben abogar por la legalidad e institucionalidad, teniendo en cuenta que hay un principio de presunción de constitucionalidad a las leyes", comentó.
El abogado dijo que lo que deberían hacer las instituciones es "defender la Constitución y la institucionalidad misma de la ley". "Pero parece ser que la razón por la que los procuradores correspondientes no están presentando las apelaciones es por órdenes de sus ministros y el propio presidente de la República", explicó.
El presidente de Perú, Francisco Sagasti, asumió el 17 de noviembre el mandato de un gobierno transitorio con miras a las elecciones de abril de 2021. Su ascenso ocurrió en medio de una profunda crisis social y política tras la vacancia por "incapacidad moral permanente" del expresidente Martín Vizcarra, acusado de corrupción.
La crisis política incluyó el nombramiento y renuncia, en menos de una semana, de Manuel Merino así como protestas y enfrentamientos de manifestantes con la policía en las calles de diversas ciudades peruanas, que dejaron como saldo la muerte de dos jóvenes.
El abogado García reiteró que el gobierno actual "es un gobierno de transición que ha sido colocado básicamente para dos cosas: el manejo de la pandemia y las elecciones generales", y "no para más".
"Sin embargo, este gobierno se está yendo dejando el trabajo ideológico de despenalizar, de forma muy irregular, la eutanasia. Porque esto tendría que ser objeto de un debate ponderado en el Congreso donde está representado el pueblo", señaló.
Para el abogado, sí se ve "la progresión de la eutanasia en el mundo, aunque ésta empieza con los enfermos terminales, luego se considera a la tercera edad, discapacitados y así progresivamente hasta todo aquel que resulta inútil desde el punto de vista de la economía".
"Otro aspecto controvertido es que ya estamos enarbolando la cultura de la muerte en el país, cuando lo que tendríamos que hacer es promover el hermanamiento. Lo que necesitan estas personas no es que los matemos sino que los acompañemos", aseguró.
El abogado subrayó que la supuesta solución a través de la eutanasia "es la más egoísta que hay".
"Hay un tema de fondo que hay que discutir y que obviamente no puede reducirse a un proceso constitucional en el que solo ha intervenido un juez, unos procuradores y un par de amicus curiae. Estamos metidos tanto en la pandemia que creo que están pasando de contrabando esta situación grave, que es un cambio bien radical", comentó el experto en leyes.
"Estamos invirtiendo absolutamente la institucionalidad y los caminos institucionales que tiene una democracia, específicamente en el Perú", añadió.
Por su parte, el abogado y presidente del Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, Alberto Gonzáles Cáceres, señaló a ACI Prensa que "no cabe duda de que, de manera escandalosa, un pequeño grupo ideológico y político ha copado el Estado peruano y antes del 28 de julio [elecciones generales] están acelerando los pasos para ir generando precedentes judiciales e impulsar cambios legales en el país".
Cree que estos cambios se realizan "sin importarles un ápice el ordenamiento jurídico nacional, ni mucho menos la opinión jurídica de los juristas más serios e importantes del país".
"En concreto ellos tienen el poder y los usan impunemente. Eso es todo", subrayó.
Respecto al caso concreto de Estrada, el abogado explicó que el fallo que deja sin efecto el artículo 112° del Código Penal y despenaliza la eutanasia, no ha generado "ningún cambio en nuestro ordenamiento Jurídico".
"Lo que existe es la inaplicación de varias normas de orden constitucional y legal para un caso concreto que no genera precedente. Es el abuso del poder de alguien que obedece la estrategia ideológica de otros", explicó.
Para Gonzáles, el gobierno del presidente Sagasti más que "un gobierno de transición", es "un grupo ideológico que copa el Estado desde hace más de 15 años".
"No importa que cambien los gobiernos. Ellos están muy bien articulados por todos los organismos públicos y muy bien financiados. Ganan buenos sueldos del Estado y articulan entre ellos para promover su ideología relativista", aseguró.
El abogado declaró a ACI Prensa que tiene la seguridad de que el fallo "fue redactado fuera del despacho judicial", y que ha sido "revisada y puesta para la firma de alguien que hace activismo judicial pro género desde hace años atrás, quien ha resuelto en mérito a una petición de una activista pro género [Ana Estrada] que aprovecha su lamentable situación para estos propósitos".
"La participación del juez en Congresos Nacionales e Internacionales financiados por ONG pro ideología de género es muy conocida. Ahora ya no tienen reparos en hacer lo que les venga en gana, mucho menos respetará nuestro ordenamiento jurídico, pero tengo la seguridad de que todo esto es efímero. Bien se dice: 'Rechaza lo natural y él volverá al galope'", concluyó Gonzáles.
Los Obispos del Perú también se han pronunciado en contra del fallo sobre el caso de Ana Estrada.
En un comunicado difundido el 27 de febrero, señalaron que "la Iglesia, a imitación de Jesús, el Buen Samaritano, siempre atenderá, cuidará y acompañará a los enfermos, en la certeza que toda vida humana es inalienable y tiene un valor infinito porque es don de Dios".
"Debemos recordar que la eutanasia siempre será un camino equivocado, porque es atentar contra el derecho inalienable a la vida, causa directamente la muerte de un ser humano y por ello es un acto intrínsecamente malo en toda ocasión y circunstancia", explicaron.
Nací en 1991. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Desde 2015 trabajo como periodista digital. Inicié mi carrera en el Diario El Comercio de Perú. En 2016, comencé como redactor en ACI Prensa y me desempeño como editor web desde 2018. A partir de 2024, escribo el newsletter para social media. Me especializo en noticias católicas centradas en la defensa de la vida y la familia, política internacional, tecnología, cultura popular y el Vaticano.
