El 16 de febrero la Asamblea Nacional de Francia aprobó una ley para combatir el extremismo musulmán; sin embargo, la norma también afectaría a otros credos al prohibir los símbolos religiosos en algunas circunstancias e incluso coartar la libertad de expresión.
Los promotores argumentaron que la ley es para responder a los atentados islamistas de los últimos años en Francia, como el ataque a la Catedral de Niza el 29 de octubre y la decapitación del profesor Samuel Paty cerca de París el 16 de octubre.
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La norma titulada "Ley que reafirma los principios republicanos" como libertad, igualdad, fraternidad, dignidad de la persona humana, laicidad y defensa del orden público, fue aprobada por 347 votos a favor, 151 en contra y 65 abstenciones.
Ahora pasará a ser votada en el Senado, lo cual no se realizará antes del 30 de marzo.
La ley es apoyada por el presidente Emmanuel Macron y el ministro del Interior, Gerald Darmanin, quien dijo que esta norma ofrece una "mejor protección a las mujeres que son víctimas del oscurantismo religioso". "Es un texto duro pero necesario para la República", agregó.
Los críticos del proyecto señalan que la ley es contraria a la libertad religiosa y de asociación.
El miércoles 3 de febrero, Mons. Éric de Moulins-Beaufort, presidente de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF), dijo ante los parlamentarios que "se trata de una ley esencialmente represiva".
"En nombre del respeto de los principios de la República [este proyecto] en el fondo dará la impresión que hay que desconfiar de los 'ciudadanos franceses creyentes' y que las asociaciones de culto deben ser objeto de una 'vigilancia particular'", afirmó.
La mayoría de la población en Francia es cristiana, con un número considerable que no pertenece a ninguna religión. Los musulmanes son alrededor del 8%.
Durante más de un siglo Francia ha mantenido una fuerte tradición de laicidad que respondía originalmente al catolicismo, pero que en décadas recientes se aplicó al islam en la vida pública y privada de los ciudadanos.
Con esta nueva ley los grupos religiosos tendrán que declarar sus donaciones del extranjero y deberán certificar sus cuentas. Esta medida se debe a la preocupación existente ante la edificación de mezquitas por parte de Turquía, Qatar o Arabia Saudita para expandir su influencia con una versión rigorista del islam, según indica la Agence France Presse (AFP).
Quienes apoyen el terrorismo podrían ser inhabilitados para servir como funcionarios públicos, y hay normas más estrictas que sancionan el "discurso de odio", incluyendo multas y cárcel.
Aquellos que trabajen para empresas privadas que presten servicios públicos, como los conductores de buses, no podrán usar vestimenta religiosa.
Esto recuerda que, en ocasiones, las monjas católicas también han debido hacer frente al sentimiento laicista francés. En 2019, una religiosa anciana que usaba hábito recibió las disculpas de un alcalde luego que el personal de una casa de retiro la rechazara, citando una prohibición estricta de la vestimenta religiosa y de los signos religiosos "ostentosos".
El artículo 1 de la ley señala que todo empleado del sector público está obligado a "una discreción religiosa en los espacios del servicio público". El artículo 2 prohíbe que los alcaldes y representantes locales participen en celebraciones religiosas en el marco de una fiesta tradicional.
Los artículos del 13 al 17 prohíben algunas prácticas como la exclusión de las mujeres en las herencias, los extranjeros polígamos no podrán tener permiso de estadía, los médicos no podrán expedir más el "certificado de virginidad", exigido en algunas ocasiones para el matrimonio, ya que cada contrayente deberá entrevistarse por separado con el oficial del estado civil si éste tiene dudas sobre el consentimiento de ambos. Esto último busca evitar matrimonios forzados.
Los artículos 19 y 20 se refieren a la lucha contra el odio y la violencia en las redes sociales y en Internet en general, mientras que los artículos del 21 al 24 establecen la escolarización obligatoria para los niños entre los 3 y los 16 años, para evitar el adoctrinamiento a temprana edad.
Según la norma, todo culto debe conformarse como una asociación y debe regirse por la ley de 1905 de separación de Iglesia – Estado.
El artículo 44 establece el cierre de mezquitas o lugares de culto donde se incite al odio o a la violencia hacia una persona o un grupo de personas.