La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) y Cáritas Colombiana señalaron que la implementación del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos por parte del gobierno del país es una respuesta que fomenta "la acogida, protección, promoción e integración de la población migrante".
El 8 de febrero, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la creación de un Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos que busca beneficiar a 1,7 millones de inmigrantes que se encuentran en el país.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en su sitio web que el estatuto permitirá que los migrantes de Venezuela permanezcan "de manera regular en Colombia por un periodo de 10 años, tiempo después del cual deberán adquirir una visa de residente si desean permanecer en el país".
El estatuto contempla dos fases, en la primera, que entrará en vigencia en un plazo de tres meses, se realizará el proceso de Registro Único de Migrantes Venezolanos, mientras en el segundo, se repartirá el Permiso por Protección Temporal (PPT), que consiste en un documento plástico.
En un comunicado, los obispos de Colombia indicaron que "las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y las víctimas de la trata se han convertido en emblema de la exclusión porque, además de soportar dificultades por su misma condición migratoria, con frecuencia son objeto de juicios negativos o de rechazo social".
"Es necesario avanzar, por tanto, hacia actitudes e iniciativas que promuevan la dignidad humana de todas las personas independientemente de su procedencia, en la línea de la histórica capacidad de acogida de nuestro pueblo", subrayaron.
Los prelados señalaron que el nuevo estatuto busca beneficiar a más de 1,7 millones de migrantes en el país como un acto fraterno que "abre las puertas para garantizar que esta población que llega a nuestro territorio pueda disfrutar de los derechos fundamentales de todas las personas y pueda acceder a oportunidades para una vida digna".
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló que Colombia acoge al 35% de los 4,6 millones de venezolanos refugiados en países de América Latina y el Caribe.
"Más de la mitad de la población venezolana en Colombia no tiene estatus regular, lo que afecta su posibilidad de tener acceso a servicios esenciales, protección y asistencia", indicó.
ACNUR señaló que la difícil situación de los migrantes se ha agravado por la pandemia de COVID-19, que ha llevado a los refugiados a enfrentar la pobreza, "empleos, los desalojos, el hambre y la falta de alimentos y de acceso a tratamientos médicos".
Además, los obispos recordaron el llamado del Papa Francisco a los gobiernos de acoger a "todos los refugiados" y de fomentar una sociedad que haga "propia la fragilidad de los demás" y que levante y rehabilite "al caído, para que el bien sea común".
El Episcopado recordó que la Iglesia a lo largo de la historia colombiana ha aportado para "dar una respuesta integral a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas que buscan protección" en el país.
"Atendiendo las urgencias actuales y suplicando la ayuda de la gracia de Dios, la Iglesia católica en Colombia continuará ofreciendo el acompañamiento y desplegando acciones caritativas a favor de la población migrante y refugiada", señaló.
Finalmente, indicó que la Iglesia seguirá escuchando e incorporando a la sociedad a los más débiles, "impulsando una política pública de migraciones con enfoque en derechos humanos, así como promoviendo soluciones duraderas y sostenibles para las personas con necesidad de protección internacional".
