Un intento de reforma económica y social con oscuros manejos tiene actualmente en el ojo de la tormenta al Arzobispo de Madrid (España), Cardenal Carlos Osoro, a causa, principalmente, de la persona a la que encomendó dirigir esta labor y que tendrá que enfrentar un juicio por acusaciones como la de estafa y apropiación indebida.
Bajo la gestión de David López Royo, nombrado delegado de Fundaciones en el Arzobispado de Madrid por el Cardenal Osoro desde 2016 hasta 2019, se intentó vender edificios pertenecientes a fundaciones vinculadas a la Iglesia por una suma superior a los 100 millones de euros.
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En declaraciones a ACI Prensa, Rodrigo Pinedo, director de Comunicación del Arzobispado de Madrid, precisó que López Royo "ejercía por delegación la autoridad del arzobispo" para las fundaciones.
El aparente propósito de la venta era parte de una estrategia de fusión de las 74 fundaciones católicas presentes en el Arzobispado. En España es usual que familias con recursos económicos dejen sus propiedades a nombre de una fundación que legalmente es puesta bajo la administración de la iglesia local con la espera de asegurar su honestidad y salud financiera.
Del más de medio centenar de instituciones dejadas en administración de la Arquidiócesis de Madrid, entre las más afectadas se encuentran la Fundación Molina Padilla, la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, y la Fundación Fusara.
La Fundación Molina Padilla fue creada por el fallecido Alfonso Molina Padilla para, en base a la renta de dos inmuebles de Madrid, otorgar becas de estudio a estudiantes desfavorecidos del municipio español de Málaga.
El proyecto implementado por López Royo apuntaba a vender los inmuebles dedicados a la beneficencia por 13 millones de euros.
Por su parte, la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio gestiona una residencia de ancianos y la parroquia de San Jorge, ambas situadas dentro de un inmenso complejo cercano al Estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid.
Este complejo, bajo la gestión de López Royo, iba a ser vendido por alrededor de 37 millones de euros a una universidad privada española, dejando sin hogar a más de un centenar de ancianos.
Además, 14 inmuebles en el centro de Madrid propiedad de la Fundación Fusara, que en su sitio web asegura que su "principal objetivo es la formación de los niños y jóvenes", serían vendidos por 74 millones de euros a un grupo de 14 empresas.
López Royo, de 63 años, estuvo vinculado a Cáritas desde la década de 1990, donde, de acuerdo al diario español El País, habría conocido al hoy Cardenal Osoro.
El Arzobispado de Madrid, sin embargo, asegura que López Royo "no conoció al Cardenal Osoro en Cáritas en los 90", sino que esto ocurrió "muchos años después".
El hoy ex delegado de fundaciones del Arzobispo de Madrid, también llegó a ser director del diario español El Correo de Andalucía en 2014, a pesar de no tener conocimientos de periodismo.
Luego de que la información sobre los extraños manejos encabezados por su delegado en las fundaciones llegaran a la prensa, en un comunicado difundido el 3 de diciembre de 2020, el Arzobispado de Madrid dijo que desde junio de ese año "tras recabar suficiente información de los órganos competentes y después de tomar diversas medidas de control interno, el arzobispo decretó la apertura de una investigación canónica sobre el ejercicio de la autoridad delegada y la información facilitada sobre los motivos que hacían necesarias esas operaciones".
"De la misma forma se instó a los patronatos a ejercer las acciones pertinentes para proteger el patrimonio de los ancianos y niños y, en su caso, exigir responsabilidades si se demostrase que hubo actuaciones irregulares o contrarias a los fines fundacionales", indicó el Arzobispado.
Días después, el 18 de diciembre, el Cardenal Osoro fue recibido en audiencia por el Papa Francisco.
De acuerdo al Arzobispado de Madrid, fue el propio Arzobispo quien "solicitó la audiencia para exponer al Santo Padre y a la Secretaría de Estado las conclusiones de la primera fase de la investigación sobre la participación en distintas fundaciones civiles, decretada por el propio arzobispo antes de verano y de la que se ha ido informando permanentemente a la Santa Sede".
Según el comunicado publicado el 19 de enero, el Cardenal Osoro anunció "el inicio de la segunda fase del trabajo, que incluirá la exigencia de responsabilidades, un nuevo sistema de trazabilidad y monitorización en las fundaciones vinculadas con la diócesis, y una auditoria general que abarcará los últimos 20 años".
"En los próximos días, el Arzobispado de Madrid publicará más detalles de la información recabada y de las medidas adoptadas", indicó.
Hasta el 25 de enero de este año, un mes después del último comunicado al respecto, el Arzobispado de Madrid no ha publicado ninguna nueva nota de prensa sobre el caso de las fundaciones españolas.
El Director de Comunicación del Arzobispado de Madrid indicó a ACI Prensa este 25 de enero que "en el caso de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio se planteó que era inviable en su ubicación actual. Posteriormente, al entender que se había facilitado información deficitaria, se iniciaron conversaciones con la Universidad Nebrija, que concluyeron el 3 de diciembre de 2020, cuando el cardenal Osoro –como presidente de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio– firmó con el presidente de la universidad la resolución de la compraventa".
"De esta forma, la residencia seguirá en su ubicación y se garantizará la atención a los mayores conforme a los fines de la fundación. En paralelo, el Arzobispado anunció un acuerdo con la fundación para permitir la continuidad de la parroquia de San Jorge en su ubicación actual", aseguró.
Según Pinedo, la venta de la fundación Molina Padilla "la intentó hacer (López Royo) ya estando cesado", así como "en contra de la voluntad expresa del arzobispo".
"De hecho, cuando se tuvo noticia desde el Arzobispado se paró. Tras asegurar la continuidad de los inquilinos y que sus rentas garantizaban el fin fundacional, el arzobispo decidió dejar la fundación al estar radicada en Málaga", señaló.
En el caso de la Fundación Fusara, continuó Pinedo, "solo se informó de la presencia de actividades ilegales que obligaban a una solución rápida. El arzobispo siempre solicitó que se atendiera a quien pudiera estar en una situación de vulnerabilidad".
Frente a informaciones difundidas por el diario español El Confidencial, sobre que un juzgado español estaría investigando desde fines de diciembre a López Royo y a otros vinculados a los presuntos malos manejos en las fundaciones de las Arquidiócesis, Pinedo dijo que "aún se está discutiendo qué juzgado debe conocer la causa, y nadie ha declarado".
Por su parte, añadió, "la investigación canónica sigue su curso y el Arzobispado está colaborando con la justicia en la causa abierta".
"Las fundaciones se han personado para defender sus intereses, y están tomando todas las medidas para ello, al tiempo que están colaborando con los inquilinos de las fundaciones", aseguró.
Actualizado: Se han añadido las declaraciones del director de Comunicaciones del Arzobispado de Madrid, Rodrigo Pinedo, y se ha corregido un error respecto a la profesión de David López Royo.
