La Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal del Uruguay rechazó la aprobación del proyecto de legalización del aborto en Argentina y dijo que junto con la ley del aborto vigente en el país ponen de manifiesto "la corrupción de la razón y de los sistemas de pensamiento y de poder".
La declaración fue difundida el 31 de diciembre de 2020, al día siguiente de la aprobación de la legalización de aborto en Argentina por 38 votos a favor, 29 en contra, una abstención y cuatro ausencias.
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"Estas leyes de legalización del aborto y de imposición de su ejecución por los sistemas de salud y la imposición de su enseñanza como legítima ponen de manifiesto la corrupción de la razón y de los sistemas de pensamiento y de poder que no admiten otra verdad que el interés, sea colectivo, sea grupal, sea individual", expresó la Comisión Familia y Vida.
"Stat pro ratione voluntas. En lugar de la razón, el fundamento es la voluntad de legalizar lo que se quiere", agregó la comisión que trabaja en un país que despenalizó el aborto en 2012.
"Es patente la decadencia de la razón, del derecho y de la justicia en los sistemas de pensamiento que sostienen estas formas de dominación de la vida de los pueblos, en la legislación, los sistemas de salud y de la enseñanza".
En ese sentido, la negación "del derecho del nascituro y de las personas e instituciones a oponerse al atropello a la razón de estas leyes, socava la legitimidad del sistema democrático y lo vuelve instrumento de injusticia", afirmó la comisión.
Los legisladores, continuó, "no tienen una potestad omnímoda de decidir, aun contra derecho y contra razón. Tampoco los pueblos, o sus mayorías, tienen la potestad omnímoda de crear el derecho" a pesar de los ejemplos existentes donde las "mayorías votaron y dieron validez jurídica a dictaduras, gobiernos totalitarios y destructores de los derechos humanos".
"No es verdad que porque se haya votado una ley el asunto esté laudado: es sólo una ley injusta votada".
"No se vuelve buena y recta esa ley porque el pueblo piense de una manera o no haya luchado por cambiarla. Sólo muestra que los pueblos están compuestos por pecadores, son influidos por quienes tienen el poder de distintos medios".
Por el contrario, la Comisión de Familia y Vida seguirá "proclamando, con respeto y firmeza, la iniquidad del aborto y de las legislaciones que lo defienden e imponen social y culturalmente".
"Buscamos la reversión de una situación tan trágica como es la destrucción de los fetos nascituros. Procuramos una renovación de la sociedad, más virtuosa, más noble y sana", agregó.
Al "mayor genocidio de todos los tiempos, que se va propagando en el mundo con el infanticidio en el seno materno, aprobado y promovido desde el Estado", dijo la comisión, "se quiere ahora agregar el peso de la muerte provocada en los ancianos y débiles".
Por el contrario, "es imperioso ayudar especialmente a los más débiles, comenzando por los nascituros y siguiendo por las mujeres con dificultades físicas, psicológicas, económicas y espirituales, para dar a luz a sus hijos".
Asimismo, es necesario "ayudar a las madres con síntoma post-aborto y a todos los que tienen secuelas físicas, psíquicas y espirituales por su participación en abortos".
"Sobre todo estamos llamados a acompañar a las nuevas generaciones, con una educación en la verdad, la virtud, la generosidad, el amor, que valore al otro, incluido el nascituro".
"Que con una recta formación humana, sexual, familiar estén aptos para comunicar y cuidar la vida humana. No se ayuda a nadie con el aborto", sostuvo la comisión.
Por su parte, el Arzobispo Emérito de Sucre (Bolivia), Jesús Juárez Párraga, exhortó al país a promover "una cultura de vida", defendiéndola desde la concepción hasta la muerte natural.
Asimismo, Mons. Juárez exhortó a los legisladores católicos del país a ejercer su "deber de conciencia de defender la vida como lo explica la Iglesia en el catecismo y también en su doctrina social".
"Las posibles repercusiones y consecuencias que podrían tener para nuestro país o también para otros países latinoamericanos, afirmo con firmeza que la postura de la Iglesia sobre este tema no ha cambiado, defender la vida y el derecho a nacer del ser concebido es lo que la Iglesia defiende", dijo el Arzobispo Emérito de Sucre.
En 2017 Bolivia amplió las causales para que una mujer pueda abortar hasta las 8 semanas de gestación.
Estas son por violación, incesto, estupro, riesgo para la salud de la madre, malformaciones fetales incompatibles con la vida, reproducción asistida no consentida por la mujer y en los casos que la embarazada sea niña o adolescente.