Este 23 de diciembre, en la víspera de Nochebuena, el Senado de España aprobó con 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones la polémica reforma de la Ley de Educación, llamada LOMLOE o Ley Celaá, debido al nombre de la ministra de Educación, Isabel Celaá, del actual gobierno socialista.
Según apunta el diario español ABC, se trata "de la ley con menos diálogo de la democracia", ya que "es la primera vez que un texto educativo legal no admite comparecencias de la comunidad educativa durante su tramitación parlamentaria, ni en el Congreso ni en el Senado".
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La Ley Celaá fue aprobada sin que se le haya incorporado ninguna de las 646 enmiendas presentadas en el Senado y, por tanto, no será devuelta a la Cámara de Diputados, donde se aprobó el pasado 19 de noviembre con 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones.
Estaba previsto que Ley Celaá se debatiera en el Senado durante dos meses en los que se votarían y aprobarían las modificaciones presentadas por los grupos parlamentarios. Sin embargo, el diario ABC confirmó que no se iban a respetar esos tiempos y se iba aprobar la ley en el pleno del Senado el 23 de diciembre.
La nueva norma será oficial una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), probablemente antes del 30 de diciembre, y entrará en vigencia a los 20 días de la publicación del edicto.
La aprobación de la LOMLOE o Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación, deroga la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (2016- 2018), una ley educativa que está actualmente en vigor, pero que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) buscó modificar alegando que fue aprobada sin consenso.
La Ley Celaá, elaborada por PSOE y Podemos, inició su trámite durante el periodo de estado de alarma por la pandemia de COVID-19, sin oír el parecer de la comunidad educativa y, por tanto, sin consenso.
Entre los puntos más controvertidos de esta ley están la eliminación del castellano como lengua principal en la que estudian los niños en la escuela y oficial del Estado, la supresión del derecho de los padres a elegir el colegio con el ideario que consideren, y la discriminación de la asignatura de Religión que queda totalmente postergada.
Según la plataforma Más Plurales, que integra más de 260 mil profesionales de la educación, con esta ley "será el Estado" y no los padres "quien decida la educación que han de recibir los hijos", no habrá espacio para la educación concertada, ni para la asignatura de religión, que vuelve a ser postergada. Ni para la educación especial que también desaparecerá".
Es un modelo "fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática".
