Con 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones, el Congreso de los Diputados de España aprobó con una amplia mayoría absoluta la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.
De esta manera, la ley de eutanasia superaba el principal escollo antes de su entrada en vigor. Falta ahora la aprobación del Senado y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de su definitiva entrada en vigor en el ordenamiento jurídico español.
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Ninguno de esos dos trámites supondrá un obstáculo para la nueva ley. En el Senado los partidos que sostienen el gobierno, y principales impulsores de la ley de eutanasia, también cuentan con la mayoría absoluta. En cuanto a su publicación en el BOE, es un mero formalismo una vez aprobada la ley en las Cortes (cámaras legislativas).
De nada han servido las numerosas voces de expertos, médicos, juristas y otros sectores de la sociedad civil, como la Iglesia, reclamando priorizar los cuidados paliativos. Finalmente, los diputados españoles han dado la espalda una vez más a las políticas en favor de la vida.
En cualquier caso, la aprobación de la proposición de ley que regula la eutanasia no ha sido una sorpresa. Los partidos en el Gobierno, el PSOE (socialistas) y Unidas Podemos (comunistas) tienen 165 escaños de los 176 necesarios para que la ley siguiera su camino legislativo.
Junto a ellos han votado a favor otros partidos políticos: Bloque Nacionalista Galego (BNG), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Más País, Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Candidatura de Unidad Popular (CUP) y Ciudadanos.
Especialmente incomprensible ha resultado el apoyo del PNV y de Ciudadanos, dos partidos que se suelen situar en el espectro ideológico de la derecha conservadora o liberal y que tradicionalmente han atraído el voto de numerosos electores católicos.
Sólo los diputados del Partido Popular (PP), Vox, y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han votado en contra de legalizar la eutanasia.
De esta manera, España se acerca un poco más a pasar a formar parte de la lista de países donde la eutanasia es legal, como Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Colombia, el Estado de Oregón en Estados Unidos y el Estado de Victoria en Australia.
Una de las principales críticas que, desde diferentes ámbitos, se ha realizado a la presente ley, es que ofrece la eutanasia a pacientes de enfermedades terminales antes que los cuidados paliativos.
Esa es una de las principales diferencias entre el caso español y de los otros tres países europeos donde es legal la eutanasia. Tanto en Bélgica como en Países Bajos y Luxemburgo existen prestaciones de cuidados paliativos, mientras que en España no existe ninguna ley que regule los cuidados paliativos y muchos enfermos no tienen capacidad para acceder a ellos.
En la proposición de ley aprobada, se señala entre los requisitos para acceder a la eutanasia el "disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos".
Sin embargo, se obvia que en España hay 120.000 enfermos que necesitan cuidados paliativos y el 50% (unas 60 mil personas), no los están recibiendo.
Esas personas se quedarán ahora sin alternativa y la única opción que se les ofrecerá para aliviar sus sufrimientos es el suicidio que, mediante la presente ley, será gratuito y de acceso universal al quedar incluido en el Sistema Nacional de Salud.
La ley prevé que sólo las personas que sufran una enfermedad grave e incurable o una enfermedad grave, crónica e invalidante puedan acceder a la eutanasia. Se excluye, por lo tanto, otros casos como el de "cansancio vital", propuestos por algunos partidos políticos que apoyaron la ley.
La ley incluye supuestas medidas garantistas para evitar la aplicación de la eutanasia de forma indiscriminada en casos no previstos, como la exigencia de "haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas".
Sin embargo, en la misma ley se señala que esas solicitudes pueden ser fechadas y firmadas por otra persona si el enfermo está incapacitado para hacerlo: "En caso de encontrarse este impedido físicamente para fechar y firmar el documento, otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en su presencia".
Otro punto problemático de la ley es el que se refiere a la objeción de conciencia de los sanitarios que se nieguen a participar en la práctica de la eutanasia. La ley niega que la prestación de la eutanasia pueda verse obstaculizada por ese derecho.
Aunque la ley reconoce que los profesionales sanitarios "directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tendrán el derecho de ejercer su objeción de conciencia sanitaria", se dice, al mismo tiempo, que la eutanasia se realizará "sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza".
Además, se los médicos que aleguen objeción de conciencia para no realizar la eutanasia, quedarán registrados en un "registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir".
Pero si hay un artículo en esta ley revestido de especial cinismo, es el de la disposición adicional primera, según el cual, los pacientes a los que se les aplique la eutanasia se considerará que han muerto "de muerte natural".
"La muerte producida derivada de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración de muerte natural a todos los efectos", dice dicha disposición.
Una ley aprobada con nocturnidad
En el debate previo a la votación, el diputado del Partido Popular, José Ignacio Echániz, criticó el hecho de que la ley se haya aprobado sin debate, sin los informes pertinentes. Obviando un informe contrario del Consejo Español de Bioética, creado por los propios socialistas en el año 2007.
Se ha aprobado "sin audiencia pública, sin demanda social alguna, salvo el lobby de la eutanasia", denunció.
También advirtió de lo que sucede en los países donde ya existen leyes parecidas: "Se han difuminado los límites, se han regateado las garantías legales y se ha situado fuera de control. Se ha pasado de los enfermos terminales a los crónicos, de los enfermos físicos y los discapacitados e imposibilitados, a los enfermos mentales, de la voluntaria a la involuntaria, incluso a niños, por ejemplo, con espina bífida, que en España se operan con éxito".
Afirmó que es "una ley injusta, es una ley inoportuna, y es una ley inconstitucional", "una ley que viene de una forma frívola, atropellada, chapucera, con nocturnidad y alevosía, contra todos porque han tenido miedo a un debate serio".
Como alternativa defendió "los cuidados paliativos, el tratamiento profundo del dolor, la sedación paliativa, el testamento vital".
Defendió "la universalización de los cuidados paliativos. Su extensión, su generalización en la atención primaria y especializada, en la pública y en la privada, a domicilio, en el ámbito rural y urbano, personalizada, integral, de calidad, de excelencia".
También defendió "que nunca en España un enfermo pueda morir con dolor o con sufrimiento, que deje de ser un privilegio, porque hoy la mitad de quienes lo necesitan no tienen acceso a los cuidados paliativos".
Explicó que "sin universalizar los cuidados paliativos no hay posibilidad de elección. No hay libertad de elección, sólo se ofrece la puerta de la eutanasia".
"Esta ley es injusta porque va a actuar contra los más débiles, contra los más vulnerables, contra los más deteriorados, contra los más solos, contra los más indefensos, los más influenciables. Los que más dependencia y menos autonomía tienen", concluyó.
Por su parte, la diputada de Vox, Lourdes Méndez Monasterio, definió la ley como "despiadada, inhumana e ilegítima".
Con esta ley, argumentó, los diputados que la han votado han quebrantado "el fundamento principal y la esencia del orden social y democrático: el derecho a la vida".
Señaló que "cuando a un enfermo se le cuida, se le acompaña, ninguno quiere morir, pero ustedes sólo le ofrecerán la muerte".
La presente ley, según la diputada, "es el mayor ataque a las personas con discapacidad que hubiéramos podido imaginar". "Es una ley radical, eugenésica y criminal".
La posición de la Iglesia
La Iglesia en España se ha mostrado especialmente crítico con la ley de eutanasia. El Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro, advirtió que "es grave que avance la ley de eutanasia. La misión del hombre es cuidar la vida, con todos los medios a su alance. La muerte provocada no es más que el atajo fácil ante la debilidad y el dolor. Apostemos por los cuidados paliativos y el acompañamiento".
El Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Juan José Omella, señaló que "cuando a uno le quitan el dolor y siente la compañía de sus familiares y de profesionales, desea vivir".
El secretario de la Conferencia Episcopal, y Obispo auxiliar de Valladolid, Mons. Luis Argüello, afirmó que, aunque se apruebe la ley de eutanasia "la lucha de promoción de conciencia sobre la dignidad de la vida humana y sobre los cuidados continúa".
El Obispo de San Sebastián, Mons. José Ignacio Munilla, afirmó que "una ley de eutanasia se traduce en una sutil y tenaz presión sobre los más dependientes para que 'decidan' quitarse de en medio".
El Arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, aseguró que la ley de eutanasia aprobada por el Congreso de los Diputados "está en contra de la paz y rompe la concordia, no puede haber verdadera paz si no se defiende y promueve la vida".
En un reciente comunicado de la Conferencia Episcopal Española, los Obispos españoles mostraron su sorpresa por el hecho de que la tramitación de esta polémica ley se haya "realizado de manera sospechosamente acelerada, en tiempo de pandemia y estado de alarma, sin escucha ni diálogo público".
Por ese motivo, frente a la ley, proponen "la promoción de los cuidados paliativos, que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y al acompañamiento integral, por tanto, también espiritual, a los enfermos y a sus familias".
