La Asociación Médicos por la Vida y el Frente Nacional por la Vida Costa Rica denunciaron la inconstitucionalidad e ilegalidad del reciente protocolo del aborto aprobado en el país centroamericano.
En ese sentido, la asociación de médicos solicitó a la Sala Constitucional se pronuncie emitiendo un fallo sobre la inconstitucionalidad del protocolo abortista.
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El pasado 4 de diciembre el Gobierno de Costa Rica aprobó el "Protocolo de Atención Clínica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del código penal: Interrupción Terapéutica del Embarazo", es decir protocolo del aborto, lo que ha generado el rechazo de diversos sectores de la población costarricense.
El texto llama "producto" a los niños por nacer y permite el aborto de no nacidos de más de 24 semanas de gestación, periodo en el que ya son considerados viables, es decir que ya pueden vivir fuera del vientre materno.
Con este protocolo, cualquier mujer y sin evaluación médica, puede solicitar el aborto solo por el hecho de querer someterse a esta práctica.
En el caso de las dolencias congénitas "incompatibles con la vida", el texto no precisa los parámetros para determinarlas ni qué expertos los establecerán en un lapso de tres días hábiles.
Al respecto, la Dra. Sadie Morgan, presidenta de la Asociación Médicos por la Vida de Costa Rica, aseguró que la aprobación de la norma "es una decisión desdichada pues dicho protocolo y la norma en que se sustenta, constituyen una desnaturalización de todo el marco legal que protege la vida humana declarada como inviolable y, por ende, es claramente inconstitucional".
En su opinión, el protocolo en cuestión no solo contiene serias falacias sino que además, "hace apología del delito del aborto, proponiendo la eliminación de vidas humanas como un derecho".
"Sin duda este protocolo generará para los médicos un estado de indefensión sin precedentes, que pondrá en grave riesgo la práctica apegada a la ética y el conocimiento clínico y científico de todo profesional en medicina que se vea enfrentado a 'tener' que cumplir con dicha normativa".
El Frente Nacional por la Vida también rechazó el protocolo y denunció que el "Poder Ejecutivo está tomando atribuciones que le competen estrictamente al Poder Legislativo", según lo indicaron en conferencia de prensa este viernes 11 de diciembre.
El Frente está formado por la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz Mejías y otros diputados, representantes de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, organizaciones como Despierta Costa Rica, 40 Días por la Vida, Ola Celeste Latinoamericana, Médicos por la Vida, Juristas por la Vida y representantes de sociedad civil como Sinergia, Pancha Carrasco (Mujeres en lucha social) y Disidentes Universitarios.
"El protocolo y la norma técnica son normativas del Poder Ejecutivo y por lo tanto inferiores a las leyes decretadas por el Poder Legislativo. Ambas son inconstitucionales porque la Carta Magna exige que todo lo referente al derecho penal sea mediante leyes, no reglamentos o decretos", explicó la diputada Díaz.
"Para el ordenamiento jurídico costarricense la persona humana en gestación tiene el estatus de 'niño", resalta asimismo un pronunciamiento del Frente.
El niño, prosigue el texto, "necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento'. Es injusto y contradictorio que las leyes que dan protección especial a los niños en el vientre puedan ignorarse si se cumple un proceso administrativo bajo trámite de inconstitucionalidad".
El Frente Nacional por la Vida denunció además que "un método abortivo autorizado es 'dilatación y evacuación', el cual desmiembra el cuerpo del niño entre 12 y 24 semanas de gestación".
"La OMS recomienda matar al niño en gestación antes de realizar métodos como este: Cuando se utilizan métodos médicos de aborto después de las 20 semanas de gestación, debe considerarse la inducción de la muerte fetal antes del procedimiento", indicó el pronunciamiento.
