El Gobierno de España, formado por una coalición entre PSOE y Podemos, y con el apoyo de grupos independentistas quieren aprobar en el Senado la reforma de la ley de educación el próximo 23 de diciembre, cuando su tramitación normal duraría hasta el 25 de febrero.
La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) o también conocida como Ley Celaá, por el nombre de la Ministra de Educación Isabel Celaá, fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 19 de noviembre con 177 votos a favor, 148 en contra y 44 abstenciones.
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Después del Congreso de los Diputados, la Ley Celaá pasó al siguiente estadio de tramitación que corresponde al Senado. Allí estaba previsto que se debatiera durante dos meses en los que se votarían y aprobarían las modificaciones presentadas por los grupos parlamentarios a la ley.
Sin embargo, el diario ABC confirmó que no se respetarán esos tiempos y que pretenden aprobar la ley en el Pleno del Senado que tiene lugar el 23 de diciembre.
En una situación normal la tramitación de la ley comenzaría cuando se cierra el plazo de enmiendas, que en esta ocasión se amplió del 9 de diciembre al 15 de diciembre. Posteriormente se constituiría una "Ponencia", es decir, un grupo de trabajo que analiza y vota las enmiendas para presentar después un dictamen a la comisión.
Después se reúne la Comisión de Educación donde aprueban o no el dictamen de la ponencia y se votan las enmiendas no aceptadas anteriormente. El Senado volvería a votar el dictamen y las enmiendas nuevas y el texto definitivo volvería al Congreso de los Diputados para ser aprobado definitivamente.
Un proceso que en una situación normal suele durar en total unos dos meses y que estaba previsto para el 25 de febrero. Sin embargo, el Gobierno quiere reducir estos trámites a un par de semanas, aprobando la ley el próximo 23 de diciembre.
La Ley Celaá, que comenzó su tramitación durante el Estado de alarma por la pandemia de COVID, no ha contado nunca con la opinión de la comunidad educativa, ni de expertos en educación.
De esta manera se aprobaría la ley tal y como se encuentra ahora mismo. Es decir, con un planteamiento que ataca al castellano y lo elimina como lengua vehicular (principal) de enseñanza y oficial del Estado; elimina la escuela concertada como garante del derecho a la educación; facilita la promoción de curso con asignaturas suspensas.
Según la plataforma Más Plurales, que integra más de 260 mil profesionales de la educación, con esta ley "será el Estado" y no los padres "quien decida la educación que han de recibir los hijos", no habrá espacio para la educación concertada, ni para la asignatura de religión, que vuelve a ser postergada. Ni para la educación especial que también desaparecerá".
Es un modelo "fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática".
