Organizaciones defensoras de la vida y la familia en Ecuador anunciaron una campaña para buscar el compromiso con estos valores por parte de los candidatos que participarán en las próximas elecciones presidenciales y legislativas en el país.
En conferencia de prensa este 8 de diciembre, representantes del Frente Nacional por la Familia, la Caravana por la Vida, junto a la líder provida Sonia María Crespo y el parlamentario Héctor Yépez, anunciaron el "Gran Acuerdo por la Familia".
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En el acta que se alentará a que firmen los postulantes, se recuerda que "el derecho a la vida desde la concepción está expresamente garantizado en nuestra Constitución, en el Código de la Niñez y Adolescencia y en tratados y convenios internacionales".
Además, se subraya que "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho constitucional a ser protegida por la sociedad y el Estado, que expresamente reconoce al matrimonio como la unión entre hombre y mujer".
También se subraya que "la educación fundamentada en principios, creencias y opciones pedagógicas apropiadas, libre de implementación de ideologías anticientíficas -sin que ello sea considerado discriminación- es un derecho primordial de los padres consagrado en el Art. 29 de la Constitución de la República y el Art. 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros".
El acta denuncia asimismo que "las adicciones y la violencia son graves problemas sociales que amenazan a la familia, así como la pornografía que atenta contra la dignidad de las personas y, sobre todo, de las mujeres".
El 7 de febrero de 2021, los ecuatorianos votarán para elegir a su Presidente, Vicepresidente, miembros de la Asamblea Nacional y representantes en el Parlamento Andino.
Los políticos firmantes se comprometerá con reconocer "el derecho fundamental a la vida del ser humano desde su concepción hasta su muerte natural", así como "la necesidad de bajar el costo de la vida en hogares y emprendimientos, para que mejore la economía de las familias y generar más oportunidades de empleo".
Un tercer punto del compromiso político es el de "la promoción de la familia y del matrimonio conformado por varón y mujer, según lo prescribe la norma constitucional, por constituir la base fundamental de la sociedad", mientras que el cuarto punto del acuerdo es fomentar "el derecho a vivir en una sociedad libre de violencia, adicciones y pornografía, a fin de respetar el derecho de las familias y la dignidad de la mujer".
El quinto punto del documento remarca "el derecho de libertad educativa de los padres a fin de que los hijos reciban una formación integral y oportuna, de acuerdo con sus principios y valores éticos y morales, libres de ideologías anticientíficas, sin que ello se considere discriminatorio".
También se comprometerán a respetar "el derecho de las personas a practicar, conservar, cambiar, profesar o difundir su religión o sus creencias" y a tener "una gestión transparente y libre de corrupción, recuperando lo robado para invertirlo en ayuda a las familias".