Un tribunal suspendió el jueves la prohibición del culto público en el cantón suizo de Ginebra, considerada una de las medidas de restricción más amplias en Europa para reuniones religiosas públicas.
La Cámara Constitucional del Cantón de Ginebra emitió la orden el 3 de diciembre después de que ciudadanos preocupados presentaran una denuncia judicial a la prohibición, la cual fue introducida el 1 de noviembre por las autoridades locales para prevenir la propagación del coronavirus.
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Los servicios religiosos públicos ahora pueden reanudarse en la ciudad de Ginebra, conocida como la "capital mundial de los derechos humanos", y las áreas circundantes hasta que el tribunal dicte su sentencia final sobre la prohibición.
El tribunal indicó que la impugnación legal tenía muchas posibilidades de éxito. También señaló que las autoridades no habían demostrado que los lugares de culto fueran responsables de los brotes de COVID-19 en el cantón.
Steve Alder, el abogado que presentó el caso, dijo que el decreto de Ginebra era una de las prohibiciones más amplias para reuniones religiosas públicas en Europa. Argumentó que la orden era discriminatoria porque la ciudad permitía que se llevaran a cabo otras reuniones públicas.
"Hacer cumplir es una violación del derecho a la libertad de religión tal como está protegido en la Constitución suiza y por las normas internacionales de derechos humanos. Se dirige desproporcionadamente a las actividades de los grupos religiosos por encima de las actividades comerciales", dijo.
"Con múltiples grupos religiosos en Ginebra expresando sus preocupaciones sobre la desproporcionalidad de la prohibición, esperamos que las autoridades finalmente acuerden una solución que proteja el derecho de todos a practicar su religión de acuerdo con el derecho internacional. La suspensión de la prohibición es un paso bienvenido en esta dirección", agregó.
Las medidas del 1 de noviembre prohibieron todos los servicios religiosos públicos excepto los funerales y bodas con un aforo estrictamente limitado. Se permitió que las iglesias permanecieran abiertas para la oración privada.
Los líderes religiosos locales emitieron una declaración conjunta el 27 de noviembre en la que expresaron su "profundo pesar" por el hecho de que las autoridades locales no habían relajado las medidas que rigen el culto público.
Tras la suspensión de la orden el jueves, la Iglesia católica en Ginebra dijo que las Misas públicas se limitarían a 50 personas y respetarían las medidas para prevenir la transmisión del COVID-19 como el distanciamiento social y el uso de máscaras.
Jennifer Lea, asesora legal del grupo de derechos humanos ADF International, que apoyó la denuncia judicial, describió la suspensión como "un paso significativo en la dirección correcta".
"La libertad religiosa es un derecho humano fundamental y los gobiernos que buscan restringirla tienen la carga de demostrar que la restricción es verdaderamente necesaria y que un enfoque menos restrictivo no funcionaría", dijo.
"Favorecer los establecimientos comerciales sobre los servicios religiosos no solo es discriminatorio, sino que ignora la sólida protección que existe en el derecho nacional e internacional para la libertad religiosa", añadió.
El cantón de Ginebra es uno de los 26 cantones, o divisiones administrativas, que componen la Confederación Suiza y tiene una población de casi medio millón de personas. La región francófona, ubicada en el suroeste de Suiza, fue el corazón de la Reforma Calvinista.
Organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio tienen su sede en la ciudad de Ginebra. Las Naciones Unidas tienen una de sus cuatro oficinas principales en la ciudad, que tiene una población de casi 200.000.
Samuel Sommaruga, en cuyo nombre se interpuso la impugnación, dijo que las "restricciones a los derechos fundamentales siempre deben ser proporcionadas y demostrarse que son verdaderamente necesarias". "Dado que todavía se permiten otras reuniones públicas, no vemos la proporcionalidad de esta restricción: se dirige a los grupos religiosos de manera discriminatoria. Por eso decidimos impugnarlo en los tribunales", dijo.
"Tenemos la esperanza de que los tribunales finalmente reconozcan esto como una violación de los derechos fundamentales y que se encuentre una solución que proteja los derechos de todos los ciudadanos de Suiza y establezca un buen punto de referencia para el resto de Europa", concluyó.
Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en CNA.
