Francisco José Contreras mostró en el Congreso de los Diputados de España el crucifijo que llevaba en el pecho su tío abuelo, el P. Rafael Contreras Leva, antes de morir despedazado con un hacha en Baena, Córdoba (España) durante la persecución religiosa de la Guerra Civil.
Este sacerdote es uno de los 127 mártires cuya beatificación fue aprobada el pasado 23 de noviembre por el Papa Francisco.
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"Tanto él como los 80 rehenes fueron muertos por lo que eran, no por lo que habían hecho, porque no habían hecho nada. Se les mataba por ser de derechas, por ser católicos. Igual que el obispo de Barbastro, Florentino Asensio, a quien se le cortaron los testículos a lo vivo y se le dejó agonizar atrozmente durante horas", explicó el diputado de Vox.
Además aseguró que estos casos son "solo gotas en un océano de 60 mil muertes, de sufrimiento. Y esto mientras en la retaguardia franquista se aplicaba una represión brutal. Y esto es lo que nos diferencia, que nosotros asumimos los crímenes de ambos bandos".
Éstos son "víctimas que no caben en sus leyes de memoria [haciendo referencia a la Ley de Memoria Democrática propuesta por el Gobierno de España]", aseguró Contreras.
11 millones de euros
El diputado explicó este caso en relación a los 11 millones de euros que el Gobierno de España quiere destinar a la Memoria Democrática, antes llamada Memoria Histórica, que según precisa "vienen envueltos en una retórica grandilocuente de grandes palabras de justicia, verdad y reparación moral".
"La única reparación moral que necesitan nuestros caídos de hace 80 años es que ya no los veamos como nacionales o republicanos sino como españoles. Y las leyes de memoria apuntan en la dirección contraria: insisten en los bandos y la jerarquización moral de los bandos", aseguró Contreras.
En ese sentido explicó que lo que mueve al Gobierno de España, formado por una coalición entre PSOE y Podemos, "no es la intención de reparar moralmente a nuestros caídos sino la de conseguir votos en el año 2020 con los muertos de 1936. Y para eso hay que atornillar en las mentes de los españoles la ecuación según la cual la derecha es sinónimo de fascismo y represión; y la izquierda es sinónimo de democracia y libertad, cosa que es rigurosamente falsa".
Ley de memoria democrática
El proyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática propuesto por el Gobierno de España deroga la anterior Ley de Memoria Histórica aprobada por el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007, destinado a establecer una serie de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura de Francisco Franco.
Las claves de la ley de Memoria Democrática se centran en el "repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura" y establece el "derecho de las víctimas a la verdad".
El Gobierno informó que destinará 11,3 millones de euros a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de los que 6,8 millones de euros serán para exhumaciones, aunque reconocen desde el Gobierno que al menos el 75% de los cuerpos en fosas es posible que no sean recuperables.
También entrarán dentro de ese presupuesto de 11,3 millones de euros, la recuperación del censo general de víctimas, para conocer cuántos muertos causó la Guerra Civil y la Dictadura; la creación de un Banco Nacional de ADN para ayudar a las identificaciones y la creación de un catálogo de edificios construidos con mano de obra forzada.
La Ley de Memoria Democrática, impulsada por el gobierno socialista, también contempla la resignificación del Valle de los Caídos para que se dé a conocer "las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado", además de convertirlo en un cementerio civil y la expulsión de los monjes benedictinos que viven en la abadía.
