Informe revela que Pakistán es uno de los cuatro países del mundo en donde los cristianos, que son minoría y los más pobres del país, sufren una mayor persecución a causa de su fe y son víctimas de abusos por parte de fundamentalistas islámicos, en complicidad de agentes del gobierno.
En el reciente informe "Pon a tus cautivos en libertad" de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, se informa que los casos de abusos contra cristianos más frecuentes en Pakistán son las detenciones y encarcelamientos injustos bajo falsas acusaciones de blasfemia y los secuestros de niñas y mujeres jóvenes por parte de musulmanes, que las venden y/u obligan a casarse y renunciar a su fe.
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"Según reportes del 2018, solo en la provincia de Sindh, habían mil casos de conversiones forzadas de niñas y mujeres jóvenes cristianas e hindúes", señala el informe. En 2019, "la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán reportó que las niñas fueron raptadas, forzadas a convertirse al islam y casarse con hombres musulmanes'".
Asimismo, revelaron que hay evidencia de que "debido a su pobreza y vulnerabilidad", "las mujeres cristianas jóvenes, muchas de ellas menores de edad, fueron el blanco específico de chinos traficantes de personas".
Según el Movimiento Musulmán para la Paz y Solidaridad, cada año hay más de mil casos de mujeres entre 12 y 25 años de confesión cristiana e hindú que son raptadas por hombres musulmanes. Más del 70% de los casos son niñas cristianas y muchas son violadas, forzadas a la prostitución, trata de personas y servicios domésticos.
"Es probable que [el número] sea mucho mayor a medida que varios casos nunca se informan o no avanzan la aplicación de la ley y los sistemas legales", indica según el informe.
El informe de ACN señaló que si bien algunas familias "logran liberar a sus niñas a través de los tribunales", estos suelen "favorecer al secuestrador, especialmente en casos en los que se cuestiona la edad exacta de la niña".
Explican que los jueces son acusados de otorgar "más credibilidad e importancia" a evidencias que prueban las supuestas conversiones al islam, en lugar de "la aplicación de la ley que prohíbe el matrimonio con un menor de edad".
En el caso de las detenciones injustas, el informe explica que los cristianos en Pakistán son mantenidos en prisión "bajo pretensiones falsas o dudosas" que son resultado de injusticias que "involucran tanto al estado, policías y jueces, y actores no estatales, como grupos o personas hostiles a las comunidades religiosas minoritarias".
Explican que el Estado hace "mal uso institucional de las leyes de blasfemia", lo que resulta en un "número desproporcionado de cristianos acusado de delitos", pese a que la evidencia contra ellos suele ser "débil".
Las "leyes de blasfemia", incorporadas en 1986 al Código Penal de Pakistán (artículos 295 B, 295 C, 298 A, 298 B, 298 C), limitan enormemente la libertad de religión y de expresión. La profanación del Corán e insultar a Mahoma son delitos punibles con cadena perpetua y pena de muerte respectivamente. En la vida cotidiana estas leyes se utilizan con frecuencia como medio para perseguir a las minorías religiosas.
"En los 30 años desde que se modificaron las leyes para convertirse en lo que son hoy, la Comisión Católica Nacional de Justicia y Paz, una organización en Pakistán apoyada por ACN, registró 1.560 víctimas de acusaciones de blasfemia", indica el informe.
Cuando se analiza cuántos de los detenidos son acusados de blasfemia, se observa una gran desproporción contra las minorías, si se considera el número de personas que son cristianas y musulmanas en Pakistán.
Si bien el 95% de la población es musulmana, solo el 50% de los casos de blasfemia (777 individuos) son acusados de blasfemia. Mientras que "las minorías, especialmente los Ahmadis", constituyen el resto de detenidos. Los cristianos representan menos del 1,5% de la población, pero el 15% de los casos de detenidos, que son 232 personas, son cristianos.
El informe indica que "el prejuicio contra los cristianos en las salas de audiencias es parte de la presión social en que musulmanes de línea dura toman la ley en sus propias manos". Al respecto, se mencionan "saqueos de casas y edificios" que "no pocas veces" causan que los cristianos acusados de blasfemia se escondan por miedo.
Durante la pandemia, los casos de "detenciones injustas" de cristianos aumentaron y también se obstaculizaron los procesos judiciales de los prisioneros cristianos. Esto sucedió porque tras las medidas de distanciamiento social obligatorio para prevenir la expansión del COVID-19, las cortes de justicia cerraron de forma parcial o total.
El 15 de junio de 2020, el Secretario de la Corte Suprema de Lahore (Pakistán) ordenó que "en vista de la situación de pandemia imperante", los tribunales distritales y las sesiones en Punjab se tomen "dos meses de licencia", que sumados a las vacaciones de verano terminaron siendo cuatro meses de interrupción de "la actividad judicial en toda la provincia".
Khalil Tahir Sandhu, miembro del parlamento de Punjab y el principal defensor de cristianos, dijo que "la decisión fue un 'retroceso' en la búsqueda de justicia para quienes representa. Estos incluyen a muchos cristianos encarcelados por blasfemia y las familias de niñas y mujeres cristianas que han sido secuestradas y obligadas a contraer matrimonios forzados y convertirse al Islam".
La fundación pontificia denunció que "durante demasiado tiempo, el odio religioso ha sido minimizado en la contabilidad del fenómeno de detención injusta" y advirtió que "a menos que sea debidamente reconocido, todas estas minorías religiosas están en riesgo, y otras también".
