La Conferencia Episcopal Española propuso al Ministerio de Educación de España que todos los alumnos reciban formación en valores morales, articulándola en un único área que después se llevaría a cabo en varias asignaturas, siempre respetando la identidad religiosa y moral de los niños, así como la voluntad de los padres.
Mons. Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y Mons. Alfonso Carrasco Rouco, presidente de la Comisión Episcopal de Educación y cultura explicaron esta propuesta en relación a la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación).
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Según explicaron, presentaron esta propuesta el pasado mes de julio a la Ministra de Educación, Isabel Celaá, durante la reunión que mantuvieron con ella y aunque no han tenido una respuesta forma, Mons. Carrasco aseguró que de manera informal sí que han recibido "ecos positivos" al respecto.
De esta manera, los Obispos proponen que la formación en valores sea "un itinerario que respete a las personas", una "propuesta abierta al diálogo que se lleve adelante".
Aunque todavía quedan por perfilar los modos de llevar a cabo esta propuesta, no significaría la eliminación de la asignatura de Religión, ni la de Valores cívicos, sino su integración dentro de esta área de formación en valores que se llevaría a cabo de diversas maneras respetando siempre la identidad de los niños y la voluntad de los padres en su educación.
"Debe existir un itinerario en el que se respete la identidad de los niños y jóvenes que desean la vía de la educación a partir de su mundo que es católico" y destacó que "pueden haber otras vías, por supuesto. Como una educación en valores, para quienes no son no creyentes".
Sobre la asignatura de Valores cívicos, Mons. Carrasco aseguró que se impartiría "siempre que sean valores cívicos los que se enseñen. Es decir, valores comunes. Porque no sería razonable convertirla en una asignatura que enseña los valores de quien está en el gobierno en un determinado momento. Porque no es propio de un estado aconfesional que no quiere educar en una ideología particular o religión".
En esa área de valores, Mons. Carrasco explicó que "no puede haber un formato universal impuesto por el Estado o la autoridad de turno" sino "unas competencias mínimas consensuadas por toda la sociedad, como puede ser la igualdad entre el hombre y la mujer, el cuidado de la naturaleza, la apertura hacia las personas más necesitadas, la tolerancia, el respeto a las creencias religiosas".
Por su parte, Mons. Argüello aseguró que con esta propuesta se pretende evitar la tendencia actual de convertir la clase de religión en "una especie de gueto situada en el horario en momentos extremos sin que los alumnos que no van a religión hagan nada. Y da la impresión de que es un favor que hay que hacer, porque están firmados s unos acuerdos entre la Iglesia y el Estado".
Por eso subrayó que "desde el respeto de estos acuerdos, planteamos que se pueda hablar del hecho religioso de la dimensión espiritual de la existencia, del sentido de la vida" y que esto sea válido también para otras confesiones religiosas.
Además recordó que este respeto incluye "no solo la clase de religión sino también en el respeto de la demanda social de los padres, a la hora de elegir un centro con una determinada propuesta educativa".
Ley Celaá
Los partidos de izquierda, PSOE y Podemos, que actualmente conforman el gobierno de España, presentaron de manera conjunta las enmiendas a la modificación de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida como Ley Celaá por la actual ministra de Educación, Isabel Celaá, y con las que pretenden presionar a la escuela concertada y diferenciada.
PSOE y Podemos, ambos partidos de izquierda actualmente en el poder en España por un gobierno de coalición, llegaron a un acuerdo en las enmiendas presentadas a la LOMLOE, entre las que se encuentra la prohibición de dar fondos públicos "a los centros que segreguen al alumnado por género".
También pretenden fortalecer la escuela pública, pero a costa de empeorar la situación de la escuela concertada. "Ni los centros privados, ni los que tienen privatizada su gestión pueden considerarse públicos en el sentido estricto", aseguraron.
Entre las enmiendas que presentaron también está la propuesta de reducir la duración de los conciertos con las escuelas para que se le retire a quienes "discriminen a los alumnos por razón de género, religión o procedencia, entre otros".
