El Congreso del Estado de México aprobó el 20 de octubre una ley que prohíbe las llamadas "terapias de conversión" para homosexuales, algo que ha sido considerado como un "grave error" por opositores a la norma como el Frente Nacional por la Familia.
Según informa TV Azteca, las modificaciones en el Código Penal de este estado mexicano tuvieron 61 votos a favor, 9 en contra y cero abstenciones. Desde ahora quienes quieran ofrecer terapia psicológica para tratar la disforia de género serán castigados con penas de uno a tres años de cárcel; o entre 25 y 100 días de trabajo comunitario, o multas de 50 a 2300 días de salario.
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La iniciativa aprobada ayer fue presentada por la diputada del partido Morena, Beatriz García.
En una declaración, el Frente Nacional por la Familia afirmó que "el día de hoy (ayer) es un día lamentable para el estado de México, ya que se aprobó una ley que buscará estigmatizar e impedir que las personas que así lo quieran puedan tratar la disforia de género, buscando también descalificar la dimensión sexual biológica natural, abriendo incluso la puerta para dar cárcel a padres de familia, ministros de culto y expertos que apliquen terapia o consejería en esta materia".
"Al aprobarse esta ley, los legisladores cometieron un grave error al impedir y calificar el trabajo de cientos de miles de psicólogos como perjudicial sobre el derecho al ejercicio de la profesión médica y del derecho de las personas a su salud", comentó Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia.
"En medio de una fuerte triple crisis de seguridad, salud y economía, que tienen en vilo a la población del Estado de México, no era prioridad que el Congreso se haya concentrado en la prohibición de terapias", indicaron desde el Frente.
"Con la aprobación de esta ley, se violenta el derecho constitucional que garantiza la libertad de cada persona al libre ejercicio de su vocación o profesión y en segundo lugar porque vulnera el derecho mismo del individuo a escoger el tratamiento que a su parecer le sea conveniente. El Estado no debe vetar el ejercicio profesional en función de criterios ideológicos", dijo por su parte Ángeles Bravo, coordinadora del Frente Nacional por la Familia en el Estado de México.
"Estamos totalmente en contra de coaccionar o ejercer violencia de la misma manera que estamos en contra de los engaños con los que se pretende imponer la agenda ideológica de género", finalizó Rodrigo Cortés.
