En una votación del 7 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que rechaza la patria potestad, es decir, el conjunto de derechos y deberes de los padres sobre sus hijos menores de edad.
El resultado de la votación sobre el proyecto de resolución A/HRC/45/L.48/Rev.1 sobre los "Derechos del niño: realización de los derechos del niño a través de un medio ambiente saludable", fue 13 a favor de los padres, 27 en contra y 6 abstenciones.
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La votación del proyecto fue codirigida por países latinoamericanos a través del Grupo de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC) y la Unión Europea. Uruguay lideró las negociaciones sobre la resolución, que se presentó para su adopción después de un mes de negociaciones. Los países del GRULAC, bajo el liderazgo de Uruguay, se negaron a incluir el debido reconocimiento de la patria potestad en la versión final de la resolución a pesar de las constantes demandas de un grupo internacional de países.
Como resultado, la Federación de Rusia propuso enmendar la resolución con la inserción del lenguaje de los derechos de los padres, extraído literalmente de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el tratado internacional más ratificado.
Rusia dejó en claro que el voto de un gobierno en contra de los derechos de los padres los llevaría a "eludir deliberadamente sus responsabilidades internacionales de garantizar los derechos del niño".
En declaraciones a ACI Prensa, Elyssa Koren, experta legal internacional y directora de ADF International ante la ONU, confirmó que el derecho internacional sí responsabiliza a los gobiernos de garantizar los derechos de los padres.
"La Convención sobre los Derechos del Niño enfatiza clara y repetidamente los derechos de los padres. Cualquier gobierno que votó en contra de la inclusión de los padres en esta crítica resolución tomó una posición no solo contra los padres, sino también contra el interés superior genuino de los niños, en violación de sus obligaciones legales internacionales", aseguró.
Previo a la votación, la representación de Uruguay afirmó que la inclusión de la patria potestad "traería un desequilibrio a la resolución y también iría en contra del espíritu de la resolución". México, por su parte, siguió la misma posición y señaló que el lenguaje sobre los derechos de los padres "traería retrocesos en el disfrute de los derechos del niño".
Koren dijo que, si bien "una postura ideológica contra los padres no es infrecuente entre los gobiernos extremistas de la ONU", es "impactante ver que países que tradicionalmente han otorgado un alto valor cultural al papel de la familia repudian formalmente el papel de los padres".
"El patrón de votación apunta a una profunda desconexión cultural de las posiciones que toman los gobiernos en las instituciones internacionales y el espíritu nacional adoptado por su población en casa. América Latina está firmemente a favor de la familia, un valor social profundamente arraigado que este voto contraviene directamente", explicó Koren.
La experta explicó que el hecho de que el Consejo no afirme los derechos fundamentales de los padres apunta a la "politización arraigada del organismo", que suscitó muchas críticas en los últimos años, incluso de Estados Unidos, que optó por retirarse del organismo.
Koren declaró que "es imperativo que los Estados miembros responsabilicen al Consejo por estos atroces errores, que malinterpretan peligrosamente los términos del derecho internacional".
Según la especialista, el derecho internacional, basado en la Convención sobre los Derechos del Niño, "afirma inequívocamente los derechos de los padres".
Por ese motivo, cree que la premisa propuesta por Uruguay, México y otros Estados miembros que adoptan una posición anti-parental, es que "los derechos de los padres violan inherentemente los derechos de los niños".
"La realidad reconocida por el derecho internacional es que los derechos de los padres son un requisito para que prosperen los derechos del niño. Los niños no pueden disfrutar adecuadamente de sus derechos si no se garantizan los derechos de los padres o tutores legales para protegerlos", dijo.
Agregó que si bien los niños tienen derechos altamente calificados a la "toma de decisiones" en áreas que les son pertinentes, estos derechos "de ninguna manera superan los derechos correspondientes de los padres para guiar a sus hijos".
En su opinión, Koren cree que los países del GRULAC se basaron en la suposición "de que los padres no están a la altura de la ejecución adecuada de su papel", lo que fue utilizado "como excusa para cuestionar el concepto de derechos parentales en general".
A pesar de la "tragedia" ocurrida en la votación, Koren afirma que "el papel de las Naciones Unidas es promover el ideal en el que los padres están empoderados y equipados para cumplir con sus derechos y responsabilidades hacia sus hijos".
Asimismo, dejó en claro que los derechos de los padres suelen ser apoyados por la mayoría de los Estados miembros, a pesar del resultado de la votación.
"Este resultado apunta a las graves fallas del Consejo, ya que la mayoría de los países, particularmente los del mundo en desarrollo, continúan teniendo un profundo respeto por los derechos de los padres, que ven como el antídoto para muchas de las agendas sociales contenciosas que se infiltran en sus países a través de la 'colonización ideológica' occidental", concluyó.
