Las diócesis católicas y diversas organizaciones sociales del departamento del Chocó, el más pobre de Colombia, emitieron un pronunciamiento a favor de la vida, la paz y contra la violencia, en el marco de la Semana por la Paz que se realiza del 6 al 13 de septiembre.
En el texto titulado "Clamor por la vida y por la paz" del 7 de septiembre, los obispos de Quibdó, Istmina-Tadó y Apartadó, junto con varias organizaciones sociales indicaron que la Semana por la Paz "nos motiva a seguir caminando hacia el reencuentro con la paz integral que es un anhelo profundo de nuestras comunidades".
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"Continuaremos visibilizando y denunciando las perversas afectaciones que causan sobre nuestro pueblo y el territorio la deficiente presencia del Estado, el incremento de las agresiones de los actores armados y la corrupción que frena el desarrollo de las comunidades", indicaron.
Asimismo se solidarizaron con todos los afectados por "el asesinato e intimidación de los líderes, lideresas y comunidades, el reclutamiento de menores de edad, la instalación de minas antipersonales, la instrumentalización de jóvenes y mujeres, el confinamiento, el secuestro, la extorsión, los asesinatos selectivos, el desplazamiento, la pérdida de la autonomía comunitaria y la disputa territorial ejercida por actores armados con diferentes intereses económicos y políticos".
En los últimos días, según informa RCN, el gobernador de la comunidad indígena de Villa Blanca Dubasita, en la zona del Medio Baudó en el departamento del Chocó, fue asesinado por cuatro hombres armados que le dispararon en su vivienda.
Asimismo, el 4 de septiembre la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para atender la situación que se presenta en Alto Baudó, también en el Chocó, donde habitantes de 19 comunidades indígenas se encuentra en situación de desplazamiento forzado y confinamiento debido a los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
La Defensoría solicitó además que se establezcan "mecanismos que garanticen la protección y asistencia humanitaria para esta población y, especialmente, labores de desminado".
En su comunicado del 7 de septiembre, los obispos y las organizaciones sociales rechazaron "las perspectivas de fumigación con glifosato y las acciones de connivencia entre algunos miembros de la Fuerza Pública con actores ilegales en algunos lugares del territorio".
Genny Rengifo, antropóloga colombiana y especialista en gestión ambiental, explicó a ACI Prensa que el glifosato sirve "para fumigar los cultivos ilícitos como la coca y la marihuana. Normalmente se esparce desde un avión y al caer daña otros cultivos lícitos como el plátano, que en la zona se vende a grandes empresas. También puede causar enfermedades en la piel y por eso su uso está prohibido en distintos países como Argentina".
"Uno de los puntos del proceso de paz es la erradicación de cultivos ilícitos que podría hacerse de manera manual, para erradicarlos de raíz, algo que el glifosato no hace y que además contamina. Es realmente perjudicial", explicó.
La erradicación de cultivos ilícitos ya se ha venido realizando de manera exitosa y manual en departamentos como el mismo Chocó, Antioquia y Arauca, pero "es probable que las autoridades prefieran el glifosato porque podría ser más barato lanzarlo desde un avión que contratar personal para hacer la tarea manualmente".
"En Quibdó, por ejemplo, se ha apostado mucho por la paz y la Iglesia con sus sacerdotes ayudan mucho a la comunidad en la zona", indicó Rengifo a ACI Prensa.
En su comunicado, los obispos y las organizaciones dijeron que en este mes y junto a la Defensoría, la Oficina para los derechos Humanos de la ONU y otros actores solidarios "reanudaremos las continuas misiones humanitarias de monitoreo, acompañamiento y verificación al interior de los territorios para oír, documentar y visibilizar las diferentes situaciones que obstaculizan el goce efectivo de derechos de las comunidades expresado en el clamor de sus líderes y autoridades étnicas".
Finalmente indicaron que apoyarán "el Pacto por la Vida y la Paz que se suscribirá a partir del 10 de septiembre del 2020, desde la Costa Pacífica y el Suroccidente de Colombia como una herramienta que recoge nuestro pensamiento y nuestras acciones transformadoras".
El Pacto por la Vida y la Paz es una iniciativa civil que surge ante la creciente violencia en el país que solo en 2020 ha cobrado la vida de al menos 52 personas en distintas masacres perpetradas en Colombia.
La última ocurrió el pasado 5 de septiembre, cuando hombres armados ingresaron a una vivienda en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar en el norte del país.
Ese día dos personas murieron. Una de ellas era una mujer embarazada de 23 años identificada como Mariam Mosquera.
Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.
