La Junta de Castilla y León anunció la retirada del protocolo de transexualidad que quería imponer en los colegios públicos.
La aplicación de este protocolo de transexualidad impulsado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León no superó la primera fase experimental y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León archivó la demanda el pasado 13 de julio debido a que la Junta retiró el protocolo de transexualidad después de la demanda contenciosa-administrativa de la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC).
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La AEAC asegura que "este protocolo [de transexualidad] fue implantado en los colegios sin previa publicación en boletines oficiales ni aviso a los padres".
También destacaron que "el protocolo permitía a la Administración proceder en determinados supuestos a una limitación ilegal de la patria potestad de los padres, fomentaba los baños y vestuarios mixtos y aplicaba una formación temprana en sexualidad realizada por activistas con marcado tinte ideológico en detrimento de profesionales acreditados".
Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos, declaró estar satisfecha "de haber frenado esta imposición ideológica en los colegios de Castilla y León" y destacó que "lo que pedimos es libertad para que se cumpla el art. 27.3. de la Constitución que ampara el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos".