La Prelatura del Opus Dei envió comunicado después de que ayer 15 de julio se concluyera el proceso canónico contra el P. Manuel Cociña, acusado de abuso sexual a tres mayores de edad, en el que piden "perdón y lamentan profundamente el sufrimiento generado en las víctimas" y piden a Dios "que brinde consuelo y curación a las personas afectadas".
Según precisan, en agosto de 2018 la prelatura del Opus Dei en España recibió una denuncia de abuso sexual contra D. Manuel Cociña, sacerdote de la Prelatura, ocurrido en Sevilla (España) en el curso 2002-2003. El denunciante era mayor de edad en el momento de los hechos.
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Actualmente el P. Manuel Cocina tiene 72 años y vive en la ciudad de Granada (España).
Comunicado ante la conclusión del proceso canónico contra un sacerdote de la Prelatura.https://t.co/zkxgso47GY
- Opus Dei (España) (@opusdei_es) July 16, 2020
"Durante la investigación y el proceso, además del denunciante, otros dos adultos han manifestado actuaciones canónicamente reprobables por parte del sacerdote. No ha habido menores involucrados", aseguran.
Un mes después, en septiembre de 2018, el Vicario regional de la prelatura del Opus Dei en España ordenó "una investigación preliminar y se adoptaron como medidas cautelares restringir su actividad pastoral al ámbito del centro de la Prelatura en el que reside y solo con mayores de 30 años".
Y el expediente de la investigación se remitió a la Santa Sede, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en diciembre de 2018.
El procedimiento penal administrativo ordenado por la Congregación ha concluido, tras sopesar las pruebas que se presentaron, con una condena por solicitación.
Esta decisión es firme desde ayer, 15 de julio de 2020, tras la conclusión del plazo para recurrir y se le han impuesto al P. Cociña las medidas penales que incluyen "la prohibición durante 5 años de predicar y administrar sacramentos y sacramentales, salvo la Misa en privado".
Una vez que haya cumplido esta pena que le prohíbe el ejercicio del sacerdocio, "su actividad pastoral quedará limitada, por un periodo de otros cinco años, al ámbito del centro de la Prelatura en el que tiene su domicilio".
También aseguran que el delegado de la Prelatura en este procedimiento "ha mantenido contacto con el denunciante durante todo el proceso" y es la Prelatura la que "está atendiendo los gastos médicos y psicológicos del denunciante, a través del Arzobispado de Santiago de Chile".
Puede leer el comunicado íntegro AQUÍ.
