Por David Ramos
Frente a las presiones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra la implementación del "pin parental" en los Estados mexicanos, líderes en la defensa de la familia denunciaron las imposiciones y le recordaron que "los hijos no son propiedad del Gobierno".
La iniciativa del "pin parental" en México sigue los pasos de un proyecto similar presentado por el partido Vox en España, y que ha sido criticado y enfrentado por el Gobierno de Pedro Sánchez, del izquierdista Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
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El nombre de "pin parental" hace referencia al control parental que tienen algunos dispositivos electrónicos, como la televisión por cable o determinadas webs, para que los menores no puedan acceder a sus contenidos sin introducir un código o "pin" por parte de sus padres.
En el caso de la iniciativa promovida por Vox en España, se trata de una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos para que la dirección "informe previamente a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos".
La iniciativa es similar en México, pero busca además que en las leyes y constituciones estatales se reconozca el "derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos", algo ya reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Promovida inicialmente por el diputado Juan Carlos Leal en el Congreso del Estado mexicano de Nuevo León, propuestas de "pin parental" han sido presentadas en al menos cinco entidades federativas y a nivel federal.
La Secretaría de Gobernación de México, encabezada por Olga Sánchez Cordero, aseguró este 5 de julio que "el Gobierno de México concluye que el llamado 'Pin Parental' es una medida violatoria de derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, responsable y bien informada".
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación dijo que "las reformas que podrían permitir a padres y madres vetar contenidos educativos despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos y son inconstitucionales".
En diálogo con ACI Prensa, Marcial Padilla, director de la plataforma ConParticipación, denunció que "el comunicado del Gobierno Federal busca intimidar a los gobiernos estatales para que no se atrevan a reconocer el derecho de los padres a educar a sus hijos en las legislaciones estatales o en las constituciones estatales".
"Es un acto de amenaza, es una amenaza sobre todo a los ciudadanos", dijo, pues "el Gobierno, una vez más, da la señal de que no protege la libertad de los ciudadanos, sino que quiere tomar control de los ciudadanos y de las familias".
Padilla aseguró que "ante esto, los ciudadanos vamos a recordar siempre al Gobierno que somos nosotros los que tenemos el derecho preferente y que es el Gobierno el que nos tiene que ayudar en ese derecho, no al revés".
"Los hijos no son propiedad del Gobierno, forman parte de una familia y es nuestra responsabilidad acompañar a nuestros hijos en la educación", dijo, y añadió que "el Gobierno nos tiene que ayudar, el Gobierno no nos va a controlar".
"Si hace falta recurriríamos a instancias internacionales", advirtió, y "si hace falta, esto lo tendremos presente en el momento de las elecciones".
Por su parte, el diputado Juan Carlos Leal dijo a ACI Prensa que es "lamentable la intromisión de la Secretaría de Gobernación", y que junto a otros organismos del Gobierno de López Obrador "estén nuevamente queriendo influir en el voto legislativo".
"Sabemos de antemano que hay legisladores de Morena (N.d.R.: el partido de López Obrador) que están siguiendo una línea de su partido, pero la intromisión que está generando la Secretaría de Gobernación no es nada aceptable".
Para Leal, las instituciones del Gobierno "deben de permitir que los estados y los diputados legislen la voluntad del pueblo y no las imposiciones ideológicas, en este caso de Secretaría de Gobernación o del partido de Morena".
En una reciente conferencia realizada a través de Facebook, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Leonardo García Camarena, criticó que la Secretaría de Gobernación de López Obrador esté "tratándonos de imponer a los padres de familia una doctrina, una filosofía, unos principios, unos valores que francamente no compartimos".
En la ponencia, titulada "A mis hijos los educo yo: Abuso de la Secretaría de Gobernación contra la educación de nuestros hijos", García Camarena subrayó que lo que buscan los proyectos de "pin parental" es que se incluya "en la legislación estatal correspondiente el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios, valores y convicciones".
Con normativas como esta, dijo, se pediría a las autoridades que "tratándose de temas que tengan que ver con la ideología de género, me avises, me pidas mi permiso, porque el derecho primario a educar a los niños no es del Estado sino de los padres de familia, de los tutores".
El rechazo de la Secretaría de Gobernación al "pin parental", señaló, se debe a que "ellos saben perfectamente que si el 'pin parental' queda legislado en las constituciones de los estados, en las leyes de educación, en el capítulo de la participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos", encontrarán "un gran freno a este proceso de adoctrinamiento, a este proceso de arrebatarle la conciencia a nuestro niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin el consentimiento de los padres de familia".
Graduado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Privada del Norte en Trujillo, Perú. Con más de 12 años de experiencia en periodismo católico trabajando en ACI Prensa, estoy radicado en México desde 2018. He cubierto los viajes del Papa Francisco a Ecuador, Paraguay, México, Colombia, Chile, Perú y Panamá.
