El 7 de julio, obispos de Estados Unidos se unieron a mil líderes de otras religiones representativas en el país para firmar una declaración en oposición a las ejecuciones federales que el gobierno ha dispuesto reanudar este mes.
En la declaración, los obispos y líderes religiosos firmaron para pedir un alto a las ejecuciones de cuatro condenados a muerte que serían ejecutados en julio.
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"Como líderes religiosos de una amplia gama de tradiciones, pedimos al presidente Trump y al fiscal general [William] Barr que detengan las ejecuciones federales programadas", señalaron en el comunicado.
"A medida que nuestro país lidia con la pandemia de COVID-19, una crisis económica y el racismo sistémico en el sistema legal penal, debemos centrarnos en proteger y preservar la vida, no en llevar a cabo ejecuciones", añadieron.
Los obispos que firmaron el comunicado son: el Arzobispo de Louisville, Mons. Joseph Kurtz; el Obispo de Owensboro (Kentucky), Mons. William Medley; el Obispo de Salt Lake City, Mons. Oscar Solis; el Obispo de Davenport (Iowa), Mons. Thomas Zinkula; y el Administrador Apostólico de Joliet (Illinois), Mons. Richard Pates.
Además de los sacerdotes católicos, también firmaron diáconos, laicos y líderes pertenecientes a denominaciones cristianas del judaísmo reformista, congregaciones judías conservadoras, budistas, entre otros.
Mons. Pates escribió una carta adicional en la que señala que "la Iglesia cree que el castigo justo y necesario nunca debe excluir la dimensión de la esperanza y el objetivo de la rehabilitación".
El verano pasado, el Fiscal General William Barr dio instrucciones a la Oficina de Prisiones (BOP) para reanudar la ejecución de prisioneros federales en el corredor de la muerte, por primera vez desde el año 2003.
Los presos programados para ser ejecutados este mes son Daniel Lewis Lee, Lezmond Mitchell, Wesley Ira Purkey, Dustin Lee Honken y Alfred Bourgeois, condenados por los asesinatos de niños y adultos, y en algunos casos, por tortura.
Cuatro de los reclusos que son Lee, Purkey, Honken y Bourgeois desafiaron el protocolo de ejecución, y en noviembre del año pasado, un juez federal les otorgó una orden judicial para que pudieran apelar ante la Corte Suprema.
La Oficina de Prisiones no había llevado a cabo una ejecución desde el 2003, después de que la administración Obama decidió revisar el antiguo protocolo de ejecución de tres fármacos en inyección letal. A pesar de que Barr propuso un método de ejecución con el pentobarbital, los internos lograron desafiar el nuevo protocolo.
El Tribunal de Circuito de Washington D.C. falló contra los reclusos y anuló el mandato judicial en abril de 2020 y, el 29 de junio, el Tribunal Supremo se negó a escuchar su apelación, permitiendo que las ejecuciones continuaran.
La primera de las cuatro ejecuciones se programó para el 13 de julio y la última para el 28 de agosto. Está previsto que ocurran en la prisión federal de Terre Haute, Indiana, dentro de la Arquidiócesis de Indianápolis.
El Arzobispo de Indianápolis, Mons. Charles C. Thompson, se opuso a las ejecuciones el 18 de junio, destacando su jurisdicción con respecto a la ubicación de la prisión y afirmando que "la ley suprema de la Iglesia, la salvación de las almas, exige que hable al respecto sobre este asunto muy grave".
"Desde el pontificado del Papa San Juan Pablo II, la posición católica ha sido que el sistema penitenciario de hoy es bastante adecuado para proteger a la sociedad de los presos que escapan o son liberados ilegalmente", señaló el Prelado.
Para Mons. Thompson, si bien los crímenes de los reclusos no pueden ser ignorados, "la humanidad no puede permitir que el acto violento de un individuo haga que otros miembros de la humanidad reaccionen con violencia".
"La Iglesia está preocupada por el alma de todas las personas, incluidas las que están en el corredor de la muerte, por ello, hago esta súplica contra la pena de muerte como preocupación última por el alma eterna de la humanidad", dijo.
El presidente del Comité de Justicia Nacional de los Obispos de Estados Unidos y también Arzobispo de Oklahoma City, Mons. Paul Coakley, pidió al gobierno de Estados Unidos que detenga las ejecuciones.
Además, el Prelado señaló que el Papa San Juan Pablo II, el Papa Emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco han pedido que se ponga fin a la pena de muerte, y afirmó que los obispos estadounidenses votaron abrumadoramente a favor del nuevo lenguaje del Papa Francisco en el Catecismo que llama a la pena de muerte como "inadmisible".
Traducido y adaptado por Cynthia Pérez. Publicado originalmente en CNA.
