Ante el aumento de asesinatos, atentados y amenazas contra líderes sociales en algunas regiones de Colombia, el Vicario Apostólico de Inírida, Mons. Joselito Carreño Quiñones, hizo un llamado al Gobierno y a las organizaciones de derechos humanos para trabajar por el respeto a la vida de estas personas.
En una nota publicada este jueves en el sitio web de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), el Prelado pidió respetar a los líderes sociales que tienen la tarea de "luchar y defender los derechos de las comunidades ubicadas en sectores marginados y que históricamente han sido excluidos" en departamentos como Guaviare, Meta y Vaupés.
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La nota de la CEC explica que estos hechos de violencia los perpetran exguerrilleros de las FARC, exploradores ilegales de minerales, narcotraficantes y "sucesores del paramilitarismo", entre otros.
Ante esta situación, comenta el Vicario Apostólico de Inírida, "hay que sensibilizar al máximo la sociedad, desnaturalizar la violencia y no aceptarla más; porque cuando la sociedad calla, esa sociedad otorga".
"No se puede permitir que esos líderes comunitarios, asociados a la defensa de su territorio, de los derechos humanos y a la participación política de la comunidad en la exigencia de sus derechos, sigan siendo asesinados", destacó.
El Prelado dijo también que la Iglesia insiste en la necesidad de crear una política pública nacional "para enfrentar esta amenaza, política, que incluya acciones de protección, de respuesta oportuna a las alertas y de presencia eficaz de las instituciones del estado en las comunidades más vulnerables".
En los últimos dos meses se ha registrado el secuestro de un ganadero, tres jóvenes trabajadores, dos trabajadores de una petrolera y otras dos personas. También han desaparecido dos hermanos, todo esto en los departamentos que tienen frontera con Venezuela.
Según informa el diario El Tiempo, a estos secuestros y desapariciones se suma el asesinato de dos soldados, una líder social que denunciaba el narcotráfico, bloqueos en carreteras, actividades de minería ilegal y cobro de extorsiones que estarían siendo perpetrados por disidentes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"Estamos en medio de una situación muy complicada como es la minería ilegal en la frontera de Colombia y Venezuela", dijo Mons. Carreño al diario colombiano, precisando que hay al menos 10 puntos donde se realiza esta actividad con alrededor de 20 mil personas trabajando.
Otra fuente dijo a El Tiempo que "el control lo tienen las disidencias de las FARC y ha entrado el ELN, en cierta parte, y los mineros tiene que pagar una cuota de 15 al 18 por ciento por gramo de oro sacado, que es para la guerrilla y cuentan con el apoyo de la guardia venezolana que también les quitan un porcentaje".
El comandante de la Octava División del Ejército, general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, explica que hay tropas permanentemente en la frontera con Venezuela, pero por lo extenso de la zona no se puede vigilar adecuadamente y los exguerrilleros pasan constantemente de un lado al otro.
La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que, hasta el 31 de mayo, se registraron 183 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en 90 municipios, distribuidos en 26 departamentos de Colombia. Hasta ese día fueron asesinados en lo que va de 2020 un total de 61 líderes.
