El presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Mons. José Rafael Quirós Quirós, instó al ministro de Salud a someter a la opinión pública el texto del Protocolo de atención para la aplicación del aborto en el país y pidió transparencia en la toma de decisiones.
En un comunicado, la Oficina de Prensa del Episcopado señaló que Mons. Quirós envió un oficio al ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, para pedirle que permita a la población conocer el texto del Protocolo de atención de los establecimientos de salud para la aplicación del "Aborto Terapéutico".
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El Prelado pidió que el documento sea público antes que se apruebe su contenido y recordó a los ciudadanos la responsabilidad de defender, conservar y cuidar la vida humana.
"La vida humana es un don de Dios y nuestra responsabilidad es defenderla, conservarla y cuidarla desde el momento de su concepción hasta su término natural", indicó. "Unámonos en la defensa de las dos vidas", agregó.
El comunicado recuerda que es de suma importancia, "en materia del derecho humano fundamental a la vida, la transparencia en la toma de decisiones de las autoridades sanitarias, y que la ciudadanía, que convive en un régimen democrático participativo, tenga el derecho a expresar su opinión".
Aborto en Costa Rica
El aborto se despenalizó en Costa Rica en 1970 por medio del artículo 121 del Código Penal que estipula que "no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios".
Sin embargo, al no existir una norma técnica, no se puede aplicar esta ley en su totalidad, razón que llevó dos peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el país. Frente a estas dos denuncias, el Estado inició el desarrollo de una normativa técnica.
Luego de varios meses de polémica, la Norma Técnica del Aborto Impune fue firmada el jueves 12 de diciembre de 2019 por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado; y por el ministro de Salud. A partir de ese momento, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los hospitales privados tiene un plazo de seis meses para implementar el protocolo médico elaborado por el Ministerio de Salud del país.
