El 1 de junio, un obispo inglés instó al Gobierno del Reino Unido a defender las "libertades fundamentales" de los ciudadanos en Hong Kong después de que el parlamento chino aprobó una controvertida ley de seguridad para esta ciudad.
Según un comunicado de prensa del 1 de junio, el presidente del Departamento de Asuntos Internacionales de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, y Obispo de Clifton, Mons. Declan Lang, llamó al Reino Unido a cumplir con sus responsabilidades con Hong Kong en virtud de la Declaración Conjunta Sino-Británica, que resultó en la transferencia de la soberanía de la ciudad a China en 1997, después de más de 150 años de dominio británico.
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"Como tantos otros en la comunidad católica, estoy profundamente preocupado por la continua erosión de la autonomía, la supresión de las libertades políticas y la respuesta violenta a las protestas pacíficas ocurridas por la violación de este tratado", señaló Mons. Lang en una carta a Dominic Raab, el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido.
"El Reino Unido tiene un claro deber legal, moral e histórico de salvaguardar las libertades fundamentales en Hong Kong. No hacerlo en este momento crítico no solo tendrá consecuencias devastadoras para más de siete millones de personas que viven allí, sino que también tendrá repercusiones peligrosas para los derechos humanos y el derecho internacional en general", añadió.
Mons. Lang dijo que el Reino Unido debe ser solidario con los ciudadanos de Hong Kong y debe "utilizar todos los medios diplomáticos disponibles para protegerlos de las graves violaciones de su dignidad humana, que ahora estamos presenciando".
Los comentarios del Prelado se hicieron eco de las palabras del Obispo Emérito de Hong Kong, Cardenal Joseph Zen, quien la semana pasada dijo a CNA, agencia en inglés del Grupo ACI, que "la comunidad internacional debería sentir el deber moral de ayudar a esta ciudad donde vivimos, de acuerdo a los valores internacionales y también, por sus propios intereses".
La intervención de Mons. Lang se produjo cuando Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, dijo que si Beijing imponía la nueva ley de seguridad nacional, ofrecería el derecho a vivir y trabajar en Gran Bretaña a los casi tres millones de ciudadanos de Hong Kong que son elegibles para un pasaporte nacional británico en el extranjero.
El 3 de junio, el primer ministro dijo en un artículo en The Times of London que los 350 mil residentes que ya poseen pasaportes extranjeros británicos, así como los cerca de 2.5 millones que tienen derecho a solicitarlos, podrían recibir visas renovables de 12 meses.
"Si China impone su ley de seguridad nacional, el Gobierno británico cambiará sus reglas de inmigración y permitirá que cualquier titular de estos pasaportes de Hong Kong venga al Reino Unido por un período renovable de 12 meses y se le otorgarán más derechos de inmigración, incluido el derecho a trabajar, lo que los pondría en camino hacia la ciudadanía", señaló Johnson.
En declaraciones a CNA, Benedict Rogers, cofundador y presidente de Hong Kong Watch, organización no gubernamental del Reino Unido que supervisa el estado de derecho en la ciudad, acogió "con beneplácito la declaración de Mons. Declan, que es una declaración de solidaridad profundamente importante con Hong Kong en este momento crítico".
"Las libertades de Hong Kong, incluida la libertad religiosa, nunca han estado tan en peligro y es vital que todos los que valoran la libertad y la dignidad humana eleven la voz por Hong Kong ahora", añadió Rogers, a quien se le negó la entrada a Hong Kong en 2017 y es un crítico del historial de derechos humanos de China.
Traducido y adaptado por Cynthia Pérez. Publicado originalmente en CNA.
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