Un informe filtrado el 26 de mayo reveló que en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Ministerio de Sanidad desaconsejó realizar un encuentro mundial evangélico previsto en Madrid por considerarlo "una actividad de máximo riesgo" de contagio, porque reuniría ocho mil personas, pero autorizó la celebración de la manifestación del Día de la Mujer que reunió a 120 mil.
La Guardia Civil realizo este informe a petición de la jueza Carmen Rodríguez Medel que investiga la responsabilidad penal del gobierno en la gestión de la pandemia. Este informe del que se tuvo noticia el pasado 26 de mayo reveló, entre otros, la diferencia de criterio del gobierno central a dos actividades que congregarían a un gran número de personas.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
La Iglesia Evangélica tenía previsto celebrar entre el 18 y 21 de marzo su encuentro mundial Unlimited 2020 en Madrid (España), IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios 2020. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad y el director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias instaron a cancelarlo ante el elevado riesgo de contagio por coronavirus, ya que estaba previsto la participación de ocho mil personas.
Representantes evangélicos mantuvieron reuniones con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, los días 5 y 6 de marzo .
Según destaca Europa Press, el responsable de Comunicación de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Jorge Fernández, desde Sanidad se les "recomendó" suspender el evento porque "reunía todos los riesgos" que estaban intentando evitar: alta presencia de personas procedentes del extranjero reunidas en un recinto cerrado y calificaron la celebración del congreso como "una actividad de máximo riesgo".
Con fecha del 6 de marzo, se les dirigió una carta desde el Ministerio de Sanidad en relación con la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de COVID-19.
En la carta emitida desde la Dirección General de Salud Pública se precisaba que "desde que la Organización Mundial de la Salud declarara el pasado mes de enero que la situación relacionada con el COVID-19 constituía una Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades autónomas realizan un seguimiento constante de la situación con el fin de adoptar las medidas de prevención y contención necesarias y más adecuadas en el marco de nuestro ordenamiento jurídico".
Por eso recomendaban, ya desde el 3 de marzo, que "los eventos multitudinarios de cualquier tipo, con alta presencia de personas procedentes de cualquier a de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-CoV-2 se consideran evento de riesgo para la transmisión de este patógeno y suponen un riesgo para la salud de la población".
Y pedían el "aplazamiento de estos eventos (o en su caso la suspensión) hasta que se haya verificado por la autoridad sanitaria el control de la transmisión de la enfermedad y del riesgo asociado".
Ante esta situación, desde FEREDE y los organizadores del congreso decidieron cancelarlo. Según destacaron a Europa Press fue una decisión "propia", "tomada con responsabilidad y con un coste personal muy alto".
Sin embargo, estas recomendaciones que se emitieron tan sólo tres días antes de que se celebrara la marcha por el Día Internacional de la mujer (8-M) no fueron aplicadas en ella.
La Delegación del Gobierno en Madrid estimó que participaron unas 120 mil personas a la manifestación por el Día de la Mujer en Madrid y 50 mil en Barcelona. Durante la manifestación se corearon lemas como "Tu machismo mata más que el coronavirus", "el patriarcado sí que es un virus" y "lávate las manos por el coronavirus, no con los asesinatos".
La jueza Carmen Rodríguez Medel investiga la gestión gubernamental de la pandemia en España y el alcance penal de la celebración de la manifestación del 8M en Madrid.
Por eso encargó un informe al respecto a la Guardia Civil y como consecuencia de éste se ha conocido la propuesta de cancelación del congreso evangélico, así como otras informaciones.
La realización de este informe hizo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyera al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Aunque desde el Gobierno de España aseguran que su destitución, pocos días después de la publicación del informe, no está relacionada con éste.
En este proceso sólo está imputado el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Para que estuvieran imputados miembros del Consejo de Ministros la causa debería remitirse al Tribunal Supremo.
