Un equipo de expertos en bioética del Centro de Investigación Social Avanzada de México (CISAV) hizo un llamado a que los gobiernos tengan "criterios verdaderamente humanos" y no utilitarios al atender a pacientes de coronavirus COVID-19.
En un documento titulado "Cuidar al otro. Consideraciones bioéticas ante la pandemia del COVID-19", los expertos señalaron que "los gobiernos deben promover a través de las instituciones de salud públicas y privadas criterios verdaderamente humanos al momento de seleccionar (Triage) los pacientes que recibirán atención hospitalaria y particularmente el acceso a medios como los respiradores".
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"Un criterio puramente utilitario que privilegie a unos (por razones de edad, nacionalidad, estatus migratorio, etc.) y margine a otros, es discriminatorio", subrayaron.
"Es preciso con creatividad intentar atender a todas las personas infectadas; recolocarlas – si es preciso – en lugares que tengan mayor disponibilidad de recursos médicos; promover el intercambio solidario de bienes y servicios que permitan ampliar la atención; utilizar un mismo respirador para varios pacientes – donde sea posible -, etc. Más aún, cuando ya no existan posibilidades de recuperación, el paciente merece ser atendido con pertinentes cuidados paliativos".
Los expertos, encabezados por el fundador del CISAV, Rodrigo Guerra López, doctor en Filosofía y miembro ordinario de la Pontificia Academia por la Vida, subrayaron en el texto que "el aislamiento físico por motivos sanitarios debe estar acompañado de la más amplia corresponsabilidad por nuestros seres queridos y con nuestro entorno cercano: en ocasiones el miedo se combina con el egoísmo y emerge una falsa protección del bien personal y familiar que excluye la atención y el cuidado de los más vulnerables e indefensos que están a nuestro alcance".
"Esta corresponsabilidad debe ejercerse con todos, pero especialmente con aquellas personas que en nuestras sociedades poseen una mayor vulnerabilidad: adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas o personas cuya situación económica no les permite acceder a una atención médica de calidad", indicaron.
Además, destacaron que "el desafío sanitario y ético de una pandemia nos permite descubrir a todos que para preservar un bien como la salud en este contexto se requiere de colaboración universal".
"Los sistemas de salud de cada nación se vuelven tan frágiles como su eslabón más débil. Sin medidas preventivas contundentes y sin participación de todas las instancias en las primeras fases de propagación del virus, es fácil que la enfermedad se extienda", subrayaron.
Para los expertos del CISAV, "las autoridades civiles tienen la obligación moral de tomar medidas preventivas contundentes de manera anticipada y sin dilación en orden a paliar en lo posible la expansión de la pandemia: no es moralmente válido ser omisos o lentos en la implementación de medidas preventivas bajo el supuesto de que una parte importante de la población quedará inmunizada y no morirá".
"Es responsabilidad de las autoridades civiles proteger la dignidad y la salud de toda la población independientemente de su edad, estado de salud o capacidad de generación de riqueza", añadieron.
"Esto implica la obligación moral de hacer la mayor cantidad de pruebas de detección mientras dure la pandemia: a las personas con signos y síntomas y también de manera constante a personas asintomáticas pero que puedan estar en condiciones de riesgo. Esto permite contar con información confiable y no encubrir el número real de personas infectadas clasificándolo bajo rubros distintos a los que exige la atención a una pandemia como la del COVID-19".
Los expertos destacaron también que "un virus nos despierta de nuestra soberbia a nivel global: muchos hemos caído en el orgullo y la petulancia, en la vida burguesa y en la prepotencia y desde estas actitudes hemos construido sistemas sociales, económicos y políticos autorreferenciales que pretendieron traer una redención social que nunca llegó o que solo brindó beneficios a unos cuantos".
