La Diócesis de Chillán (Chile) informó sobre la dimisión del estado clerical de dos sacerdotes por casos de abuso sexual y otras faltas graves.
A través de un comunicado de prensa el 16 de marzo, la Diócesis de Chillán informó que concluyó el proceso penal administrativo contra al sacerdote Jaime San Martín Solís.
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En la resolución se determinó su culpabilidad de "los delitos de abuso de menor, de relación sexual con adultas (delito contra el sexto mandamiento) y dos faltas graves relacionadas con el sacramento de la penitencia: rompimiento del sigilo sacramental y absolución de cómplice", describió el comunicado.
"Contando con la autorización de la Santa Sede, el Administrador Apostólico de la Diócesis ha impuesto al sacerdote la pena expiatoria perpetua de dimisión del estado clerical", informó.
En julio de 2018 se inició una investigación previa contra San Martín, "ampliada luego en enero de 2019 por denuncia de abuso de menor".
En agosto de 2019 la Santa Sede "ordenó realizar un proceso administrativo penal, para lo cual levantó la prescripción de los delitos. Con la pena impuesta, el sacerdote San Martín pierde el estado clerical. El sancionado puede interponer recurso, en los plazos y condiciones que establece la legislación canónica".
En tanto, el sacerdote Renato Toro Medina recibió desde la Santa Sede la "dispensa de sus obligaciones sacerdotales" el 23 de enero de 2020.
En julio de 2018 se inició una investigación previa contra Toro Medina por los abusos sexuales cometidos contra un menor de edad entre 1983 y 1984. Las diligencias determinaron la verosimilitud de la denuncia.
El 21 de febrero de 2019 la Congregación para la Doctrina de la Fe derogó la prescripción de los delitos contra Toro Medina y autorizó el inicio de un proceso penal administrativo en junio de ese año.
Mientras el proceso penal estaba en su última etapa de desarrollo, el sacerdote solicitó en noviembre de 2019 la dispensa de su sacerdocio, lo que obligó a suspender el proceso en curso.
El exsacerdote ya había cumplido una condena por el delito de abusos a menores entre los años 2012 y 2015. Esta pena impuesta por la Congregación para la Doctrina de la Fe consistió en la privación de todo contacto con menores, acompañamiento sicológico y supervisión permanente y fijación de residencia.
"Los antecedentes de estos casos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público al iniciarse las investigaciones previas. Como Obispado, quedamos atentos a responder a los requerimientos de la justicia civil cada vez que sea necesario", expresaron en el comunicado.
"Conscientes y avergonzados del dolor causado a hermanos nuestros, trabajamos como Iglesia para que hechos de esta naturaleza nunca más se repitan, favoreciendo una cultura del cuidado y la prevención de todo tipo de abuso", concluyeron.
