El pasado martes 3 de marzo comenzó la tramitación en el Congreso de los Diputados de la aprobación de la reforma de la ley de educación, llamada Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).
En este nuevo proyecto de ley la asignatura de Religión es la peor tratada. En Primaria será de oferta obligatoria y de elección voluntaria. En Bachillerato no es obligatoria y su evaluación no cuenta para la media escolar necesaria para el acceso a la universidad o la obtención de becas.
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También queda sin alguna asignatura como alternativa, por lo que los estudiantes que no se apunten a Religión podrían marchase al patio o a su casa.
Sin embargo, todos los alumnos de 5º y 6º de Primaria y los de 4º curso de la ESO (Enseñanza Secundaria) deberán cursar la asignatura de Valores Cívicos y Éticos que sí será evaluable.
Se trata de una asignatura similar a la de Educación para la Ciudadanía -promovida durante el gobierno socialista de José Rodríguez Zapatero y rechazada por miles de padres de familia - y se incluirán temas como "el respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, la igualdad entre hombres y mujeres y el valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia".
En relación con la escuela concertada, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, anunció que se elimina el concepto de "demanda social" para la planificación escolar, sin tener en cuenta las preferencias de los padres a la hora de escoger el centro educativo para los hijos.
Escuelas católicas en contra
Desde Escuelas Católicas, institución que representa a dos mil centros educativos de toda España, con más de 1,2 millones de alumnos, han asegurado que esta ley "considera la enseñanza concertada como subsidiaria de la escuela pública y limita los derechos de los titulares de los centros y de las familias, sometiendo la libertad de elección a la 'planificación' administrativa y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades concertadas".
También calificaron de "especialmente preocupante el criterio de la demanda social en la programación de puestos escolares, y la inclusión de un representante municipal, que no es otra cosa que un 'comisario político', en los Consejos Escolares de los centros concertados".
Escuelas Católicas lamentó "que se degrade el estatus de la clase de Religión, a pesar de ser una asignatura que elige libremente la inmensa mayoría de los padres y contribuye al desarrollo integral de la persona, objetivo último de la educación".
En el comunicado subrayaron que esta ley no nace del "mínimo consenso necesario para garantizar la estabilidad del sistema educativo, ni es fruto del ansiado Pacto por la Educación"; por ello no entienden "la urgencia declarada para defender su tramitación exprés, sin pasar por el Consejo Escolar del Estado ni por el Consejo de Estado, pues las medidas más controvertidas de la LOMCE no se han llegado a aplicar".
Escuelas Católicas señaló que están convencidos "de la necesidad de mejorar la educación en España y está dispuesta, como siempre, a colaborar en este fin", pero para lograrlo "es necesario que la nueva Ley se desarrolle en un ambiente de consenso, por lo que apoyará todo lo que suponga una aportación a la armonización de la calidad de la enseñanza y a la equidad para todos, a la vez que continuará defendiendo por todos los cauces posibles la libertad de enseñanza, con todo lo que supone para una país plural y democrático".
La Confederación Española de Escuelas Católicas (CECE) también manifestó su "preocupación ante la precipitada aprobación del proyecto de nueva ley orgánica de educación", ya que "nace sin el necesario consenso de la comunidad educativa".
"El texto de este proyecto de ley recorta los derechos de las familias, cuya libertad de elección quedará subordinada a la planificación de las administraciones educativas, lo cual supondrá una pérdida de la igualdad de oportunidades de acceso a la educación concertada y por tanto una pérdida de pluralidad en la educación para quienes tiene menos recursos".
La CECE insiste en que "no se debe legislar de modo lesivo contra ningún modelo educativo, así como en que la normativa básica debe proteger los derechos relativos a la educación en todo el territorio del Estado".
