La Corte Suprema de Estados Unidos nuevamente evaluará el caso de las Hermanitas de los Pobres en su batalla legal de muchos años contra el mandato abortista que quiere obligarlas a brindar anticonceptivos a sus empleados por medio de su plan de seguro.
La Corte Suprema anunció el viernes 17 de enero que escucharía argumentos orales en el caso de las hermanas contra el Estado de Pensilvania, un juicio reciente que busca impugnar la exención que las protegía de cumplir con el mandato de brindar anticonceptivos, y que sería el tercero de este tipo presentado contra las religiosas a lo largo de muchos años.
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"Es decepcionante pensar que a medida que entramos en una nueva década todavía debemos defender nuestro ministerio en la corte" dijo la Madre Loraine Marie Maguire, de las Hermanitas de los Pobres, en un comunicado el viernes 17 de enero.
"Estamos agradecidos de que la Corte Suprema haya decidido intervenir y esperamos que los jueces refuercen su decisión anterior y nos permitan centrarnos en nuestro trabajo de por vida de servir a los ancianos pobres de una vez por todas", agregó
Montse Alvarado, vicepresidenta y directora ejecutiva de Becket, firmas de abogados que representa a las hermanas en la corte, espera que este pronunciamiento de la Corte Suprema "sea el último".
Las Hermanitas de los Pobres es una orden de religiosas fundada en 1839 por Santa Jeanne Jugan. Su misión es cuidar a los pobres y los ancianos en más de 30 países.
Su caso, "Little Sisters of the Poor v. Commonwealth of Pennsylvania", se deriva de una demanda del Estado de Pensilvania contra la exención otorgada a las hermanas.
Originalmente, las hermanas demandaron al gobierno federal por la orden de que los empleadores proporcionen anticonceptivos, esterilizaciones y medicamentos que causan el aborto en los planes de salud. La exención religiosa que el gobierno de Barack Obama otorgó originalmente era tan limitada que las hermanas y muchas otras organizaciones religiosas sin fines de lucro no eran elegibles.
Cuando el gobierno emitió una acomodación para las organizaciones sin fines de lucro que objetan, las hermanas y otras entidades religiosas, incluidas las diócesis católicas y las organizaciones benéficas, aún lo cuestionaron en los tribunales.
Según el procedimiento revisado, las partes objetantes informarán su objeción al gobierno, que a su vez notificará a la aseguradora o al administrador externo para que proporcione la cobertura anticonceptiva de todos modos. Las hermanas dijeron que seguirían cooperando con la provisión de medicamentos y procedimientos moralmente objetables.
En 2016, la Corte Suprema envió el caso de las hermanas y otras personas a los tribunales de circuito, ordenando al gobierno y a las partes que objetan llegar a un acuerdo respetando tanto el objetivo de la administración de cobertura anticonceptiva como los deseos de las hermanas de estar exentos de participación.
Luego, en octubre de 2017, el Departamento de Salud y Servicios Humanos emitió una nueva norma que protege a las entidades religiosas que se opusieron al mandato.
Sin embargo, los fiscales generales de Pensilvania y California impugnaron la regla en la corte, diciendo que las hermanas y otras organizaciones religiosas sin fines de lucro que se oponen no deberían estar exentas.
La Corte Suprema sostuvo argumentos orales en marzo de 2018 para determinar si las hermanas podían intervenir en las demandas de los estados, que en abril la Corte dijo que podían.
En el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, las hermanas perdieron su caso contra Pensilvania en julio de 2019 y apelaron ante la Corte Suprema en octubre. El viernes 17 de enero la Corte acordó escuchar su caso.
Las hermanas también perdieron su caso contra la demanda de California en el Tribunal del Noveno Circuito en octubre.