El Cardenal Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos concedió recientemente una entrevista a un medio italiano en la que negó cualquier irregularidad en la inversión inmobiliaria realizada con fondos del Vaticano e insistió en que solo actuó "según los intereses de la Santa Sede".
El Cardenal, que sirvió como Sustituto de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018, rechazó cualquier irregularidad en la autorización de un acuerdo inmobiliario de 200 millones de dólares para la construcción de un edificio en Londres.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
Respondiendo a lo que llamó "cargos difamatorios" según los cuales él había "jugado y manipulado el dinero de los pobres" en la transacción del año 2014, el Cardenal italiano defendió la inversión y dijo que fue "una práctica aceptada".
En diálogo con la agencia italiana ANSA, el Cardenal dijo que su "conciencia está limpia y sé que siempre he actuado según los intereses de la Santa Sede y nunca por mi propio beneficio. Los que me conocen bien pueden dar fe de eso".
La entrevista se dio en respuesta a la cobertura de una investigación en curso por parte de las autoridades penales y financieras del Vaticano sobre una inversión de 200 millones dólares en 2014 realizada a través de Athena Capital, un fondo de inversión de Luxemburgo, que financió el desarrollo de un proyecto de apartamentos de lujo en Londres.
Los detalles de la inversión fueron reportados por primera vez por el Financial Times a principios de este mes. El dinero se tomó de cuentas bancarias suizas bajo el control de la Secretaría de Estado y se mantuvo por separado de otras cuentas corrientes del Vaticano.
La inversión en Londres, junto con otros casi 50 millones de dólares invertidos en 2018 en la misma propiedad, ha planteado preguntas sobre el control interno del dinero del Vaticano en bancos internacionales y vehículos de inversión, especialmente después de repetidos esfuerzos para alinear las prácticas financieras con las prácticas y estándares internacionales.
El martes, el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, dijo que la inversión era única y que el fondo en cuestión parecía estar "bien administrado". "Estamos trabajando para aclarar todo. Este acuerdo fue bastante opaco y ahora estamos tratando de aclararlo", dijo el Purpurado italiano a Reuters.
El Cardenal Becciu también dijo a ANSA que hay una diferencia entre los fondos del Vaticano destinados al beneficio de los pobres y las ganancias de la colecta anual del Óbolo de San Pedro, que se recoge en cada parroquia del mundo, y luego se envía a Roma.
"Es una práctica aceptada por la Santa Sede invertir en propiedades, siempre lo ha sido: en Roma, en París, en Suiza y también en Londres", dijo el Cardenal Becciu insistiendo en que el acuerdo era "regular y registrado según la ley".
"En la Secretaría de Estado hay una fundación llamada 'money of the poor' (dinero de los pobres). Y estaba destinado a los pobres. Si, por otro lado, por dinero de los pobres quieren referirse al Óbolo de San Pedro, tenemos que aclararlo", indicó el Cardenal Becciu.
"El óbolo no es solo para la limosna del Papa, sino también para financiar su ministerio pastoral", dijo el Cardenal, sugiriendo que las dos inversiones de la Secretaría de Estado del Vaticano en el desarrollo de apartamentos de lujo fueron un uso apropiado de los fondos donados.
El 29 de octubre, CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– informó que el Cardenal Becciu estuvo involucrado en una complicada serie de eventos y transacciones financieras en torno a la compra del Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI), un hospital italiano que colapsó en 2013 con 800 millones de euros (más de 888 millones de dólares) en deudas por robo y fraude.
Como Sustituto de la Secretaría de Estado, el Purpurado fue la "fuerza impulsora" detrás de la solicitud de una subvención de 25 millones de dólares de la Papal Foundation con sede en los Estados Unidos, para suministrar aparentemente liquidez a corto plazo al hospital, teniendo en realidad la intención de ayudar a eliminar un préstamo incobrable de 50 millones de euros (más de 55 millones de dólares) de los libros de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA).
Si bien el saldo de la subvención se canceló después del rechazo de los miembros de la junta de la Papal Foundation, inicialmente se enviaron 13 millones de dólares a la Secretaría de Estado, aunque no se informó cómo se usó el dinero.
El Cardenal Becciu dijo a CNA que, aunque había estado involucrado en la compra del IDI por una asociación creada con la Secretaría de Estado, "el Cardenal Parolin asumió la secretaría de Estado [en 2013] y ya no me preocupaba más por el IDI".
A principios de 2019, el Cardenal Parolin escribió a la Papal Foundation diciendo que los 13 millones de dólares se reclasificarían como un préstamo, en lugar de una subvención, y se pagarían.
Dos fuentes de la Papal Foundation explicaron a CNA que el Vaticano propuso que el préstamo se rembolsara mediante "descuentos" aplicados cada año a la lista de subvenciones solicitadas a la fundación por las oficinas del Vaticano y los apostolados católicos.
"Los pobres terminarán pagando la deuda", dijo una de las fuentes.
El papel del Cardenal Becciu en autorizar la inversión de 200 millones de dólares, y el enfoque de los investigadores del Vaticano en el tiempo de su mandato en la Secretaría de Estado lo han puesto bajo escrutinio.
Mientras estuvo allí, el Purpurado italiano fue responsable de la cancelación de una auditoría externa de todas las finanzas curiales, con la intención de centralizar la información y los detalles de los activos y fondos del Vaticano mantenidos fuera de la Santa Sede y que no están disponibles para el análisis.
El 1 de octubre, los fiscales del Vaticano allanaron las oficinas de la Secretaría de Estado. Ese día se incautaron diversos documentos y dispositivos. Aunque el Vaticano no indicó exactamente qué fue lo que provocó la investigación, los informes posteriores indicaron que se estaba investigando la inversión inmobiliaria en Londres y al Cardenal Becciu.
Al día siguiente, se filtró un memorándum confidencial que anunciaba la suspensión de cinco empleados del Vaticano, incluidos dos oficiales: Mons. Mauro Carlino, que supervisa la documentación en la Secretaría de Estado, y el laico Tomasso Di Ruzza, director de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano (AIF).
Di Ruzza fue posteriormente autorizado para volver a trabajar después de una investigación interna de la AIF.
La entrevista del Cardenal Becciu se produjo dos días después de que el mismo medio informara que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, había sido contratado para consultarle sobre el acuerdo en mayo de 2018, solo unas semanas antes de asumir el cargo.
Desde entonces, Conte se ha distanciado del acuerdo respaldado por el Vaticano y la posterior investigación.
El lunes, su oficina emitió un comunicado en respuesta a la nota del Financial Times diciendo que se "debe tenerse en cuenta que el Sr. Conte solo dio una opinión legal y no estaba al tanto, ni obligado a saber, el hecho de que algunos inversionistas estaban vinculados a un fondo de inversión apoyado por el Vaticano y que ahora es el centro de una investigación".
Traducido y adaptado por Harumi Suzuki. Publicado originalmente en CNA.
