El presidente del Banco Central del Vaticano pareció admitir esta semana que una transacción podría representar una violación de los compromisos regulatorios europeos, al referirse a un préstamo de 50 millones de euros (más de 55 millones de dólares) que otorgó para financiar la compra de un hospital italiano que se encuentra en dificultades económicas.
Las fuentes dicen que se solicitó una subvención de la Papal Foundation, una asociación caritativa católica estadounidense que colabora con la Santa Sede, para equilibrar los libros contables del banco central ante la incapacidad del hospital de generar ingresos a corto plazo y devolver el dinero.
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En un comunicado publicado el martes 22 de octubre, Mons. Nunzio Galantino, Presidente de la Administración de la Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), reconoció que el Banco Central del Vaticano prestó 50 millones de euros para financiar la compra del hospital italiano, el Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI), a pesar de que APSA tiene prohibido otorgar préstamos que financien transacciones comerciales, como consecuencia de las políticas establecidas para eximirlo de la supervisión externa.
El préstamo se otorgó en 2015 a la organización sin fines de lucro Fundación Luigi Maria Monti, una sociedad que funciona entre la Secretaría de Estado del Vaticano y la Congregación de los Hijos de la Inmaculada Concepción, los propietarios anteriores del hospital, bajo cuya administración el hospital fue llevado a la bancarrota después de una serie de escándalos de malversación de fondos que llevaron a múltiples procesamientos y deudas por más de 800 millones de euros (más de 888 millones de dólares).
El hospital fue comprado por la fundación mientras era administrada por el Estado debido a la insolvencia (no poder pagar el dinero adeudado). Cuando quedó claro que el préstamo de APSA no podía pagarse con los ingresos del hospital, se hicieron esfuerzos en el Vaticano para asegurar una donación de 25 millones de dólares de la Papal Foundation a la IDI, que se utilizaría para cubrir la deuda del hospital con APSA.
Aunque se solicitó la subvención para aliviar la escasez de efectivo a corto plazo en el hospital, múltiples fuentes en Roma y Estados Unidos dijeron a CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– que el dinero estaba destinado a ayudar a reemplazar los fondos prestados para financiar la adquisición, eliminando el préstamo del balance general de APSA y evitar que se genere más atención sobre la transacción.
Según los informes, los miembros laicos de la Papal Foundation habían planteado problemas con la concesión de la subvención, en gran parte porque los detalles sobre el uso y el destino final de los fondos eran escasos. La aprobación de la subvención fue finalmente aprobada por la junta de la fundación, por encima de las objeciones de los miembros laicos, pero la dispersión de los fondos fue lenta a medida que el conflicto envolvía la junta de la fundación.
En abril, un portavoz de la Papal Foundation le dijo a la revista First Things que "a medida que la junta de la Papal Foundation respondió a la solicitud de subvención, se presentaron una variedad de interpretaciones de la verdadera situación financiera de la IDI y sus entidades patrocinadoras".
"Entre los elementos de la discusión se encontraba la relación aún poco clara de la congregación religiosa que patrocinó originalmente a la IDI, la recientemente formada Fundación Luigi Maria Monti, que ahora se consideraba responsable de las propiedades de la congregación religiosa y de la propia IDI. Decidir quién era responsable de qué parte de la evaluación de bancarrota también era parte de la discusión de la Papal Foundation. Toda esta discusión se hizo más difícil por interpretaciones contradictorias".
"En la reunión de la junta de diciembre de 2017, el Cardenal Donald Wuerl presentó la información puesta a disposición del público y la proporcionada por la Santa Sede. También se ofrecieron otras interpretaciones. La Junta votó para hacer la subvención solicitada", dijo el portavoz.
Cuando el dinero de la subvención se estancó, APSA se vio obligada a cancelar 30 millones del préstamo de 50 millones de euros, eliminando las ganancias de APSA para el año fiscal 2018.
Mons. Galantino se vio obligado a reconocer el préstamo y la cancelación después de la publicación del 21 de octubre de un libro que alegaba que el Vaticano era casi insolvente.
El libro "Juicio Universal", publicado por el periodista italiano Gianluigi Nuzzi, afirma estar basado en más de 3.000 páginas de documentos filtrados del Vaticano. Alegó que en 2018 APSA no había logrado obtener ganancias de la cartera de propiedades e inversiones de la Santa Sede por primera vez en su historia.
Mons. Galantino, quien ha sido presidente de APSA desde junio de 2018, dijo que el libro no reflejaba la situación real.
"De hecho, la gestión ordinaria de la APSA en 2018 cerró con una ganancia de más de 22 millones de euros", indicó el obispo.
Además, atribuyó las pérdidas reportadas en "una intervención extraordinaria destinada a salvar la operación de un hospital católico y los trabajos de sus empleados", en una aparente referencia al préstamo y compra de IDI.
Si bien Galantino defendió el proyecto como un esfuerzo por preservar el hospital y salvar empleos, la participación de APSA para suscribir una adquisición comercial parece violar el compromiso de 2012 de dejar de actuar como una institución financiera privada o comercial.
Ese compromiso fue el resultado de una inspección in situ realizada por Moneyval, el Comité del Consejo de Europa para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Después de la inspección, APSA acordó dejar de prestar servicios a personas o participar en transacciones comerciales, y estas funciones se transfirieron al Instituto de Obras Religiosas (IOR), a menudo denominado Banco del Vaticano, que mantiene cuentas para empleados del Vaticano, personas y grupos religiosos. APSA se limitaría a administrar los activos soberanos de la Santa Sede, cubrir los costos operativos y de nómina y funcionar como el banco de reserva nacional del Vaticano.
A cambio de aceptar retirarse de la actividad comercial, la Autoridad de Inteligencia Financiera (AIF) del Vaticano eximió a APSA de las inspecciones anuales, cuyos esfuerzos son evaluados por Moneyval.
Tras los cambios en el mandato de APSA, solo el IOR, y no APSA, ha sido incluido como una institución financiera bajo la supervisión de la Autoridad de Inteligencia Financiera (AIF) del Vaticano, cuyos esfuerzos son evaluados por Moneyval.
En 2014, el Papa Francisco emitió nuevas normas, transfiriendo la supervisión y el control de las funciones de inversión restantes de APSA a la Prefectura de Economía, luego dirigida por el Cardenal George Pell.
El informe anual de AIF de 2015 concluyó que, dado que ya no es una "entidad que realiza actividades financieras de manera profesional", "APSA dejó de ser parte de la jurisdicción de AIF a fines de 2015", pero en el mismo año APSA hizo el préstamo para comprar el IDI por insolvencia.
El informe de AIF de 2015 que eximía a APSA de un mayor escrutinio decía que "si APSA realizara actividades financieras de manera profesional, caería nuevamente bajo la jurisdicción de AIF que... debe publicar y actualizar la lista de tareas que deben cumplir con los requisitos establecidos en (la ley pertinente)".
El reconocimiento de Mons. Galantino de que APSA participó en 2015 en una actividad crediticia prohibida arroja dudas sobre el progreso informado en la lucha contra la corrupción financiera en el Vaticano, y sugiere que ha estado operando fuera de la vista de los vigilantes financieros europeos y del Vaticano.
En 2016, el Papa Francisco revirtió parcialmente algunas de las reformas de 2014, devolviendo el control de su actividad de inversión a APSA desde la Prefectura para la Economía.
En su libro publicado el lunes, Nuzzi también afirmó que, a pesar del compromiso de 2012 con Moneyval, APSA todavía tiene cuentas privadas numeradas para el depósito de individuos. Tales cuentas en APSA se han relacionado con acusaciones y escándalos de lavado de dinero pasados en el Vaticano, y su eliminación fue crucial para su exención de la supervisión de AIF.
Mons. Galantino negó estas afirmaciones y dijo que no se tenían, administraban ni invertían fondos para nadie ni para ningún organismo excepto los departamentos del Vaticano y el Estado de la Ciudad del Vaticano.
"APSA no tiene cuentas secretas o encriptadas", insistió Galantino el martes, "cualquiera puede probar lo contrario".
Es poco probable que surjan pruebas definitivas, salvo una decisión de la AIF de volver a aplicar las regulaciones e inspecciones contra el lavado de dinero de Moneyval a APSA, algo que en sí mismo es altamente improbable en el clima actual.
Hace tres semanas, Tomasso Di Ruzza, presidente de la AIF, fue suspendido luego de las redadas realizadas por la policía del Vaticano. El 23 de octubre, el AIF emitió una declaración anunciando su regreso al servicio e insistiendo en que se había llevado a cabo una investigación interna después de la redada y que no se había descubierto ningún delito.
"Ni el Director ni ningún otro empleado de AIF ejercieron indebidamente su autoridad ni se involucraron en ningún otro delito", dijo el comunicado.
"En consecuencia, el Consejo de Administración reafirma su plena fe y confianza en la competencia profesional y la honradez de su Director y, además, lo felicita por el trabajo institucional realizado en el manejo de este caso en particular", añadió.
La declaración concluyó diciendo que el AIF esperaba que cualquier "posible malentendido pronto se aclare".
Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en CNA.
