Un informe confidencial de la autoridad anticorrupción del Vaticano muestra que la Secretaría de Estado utilizó alrededor de 725 millones de dólares, la mayoría de los cuales provienen del fondo de caridad del Papa, en operaciones no registradas en los libros contables.
El semanario italiano L'Espresso publicó un informe el 20 de octubre que revela información de tres documentos confidenciales del Vaticano, uno de los cuales es de la autoridad anticorrupción del Papa, llamado la Oficina del Auditor General, alegando haber encontrado delitos financieros graves y corrupción dentro de la Secretaría de Estado.
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Los documentos, informó L'Espresso, detallan el uso y la gestión de los fondos extrapresupuestarios por parte de la Secretaría de Estado, "derivados en gran parte de las donaciones recibidas por el Santo Padre para obras de caridad y para el sustento de la Curia romana".
Al menos la mayor parte del dinero se extrajo del Óbolo de San Pedro, la colecta anual a través de la cual se invita a los católicos a apoyar las actividades caritativas del Papa.
L'Espresso informó que estos fondos se están utilizando "en operaciones especulativas imprudentes", y que el mismo informe del Auditor General dice que aproximadamente el 77% de los activos (aproximadamente 558 millones de dólares) se colocaron en sucursales suizas e italianas del banco de inversión Credit Suisse.
Un segundo documento confidencial adquirido por L'Espresso es el decreto de 16 páginas que autoriza la búsqueda realizada el 1 de octubre en las oficinas de la Secretaría de Estado y la Autoridad de Inteligencia Financiera (AIF). La redada fue ordenada por los fiscales de la Ciudad del Vaticano, a quienes se denomina "promotores de justicia", y condujo a la suspensión de cinco funcionarios y empleados del Vaticano.
En el momento de la redada, una declaración del Vaticano dijo que se tomaron documentos y dispositivos en relación con una investigación que nació el verano pasado, tras unas quejas del Instituto para las Obras de Religión (IOR), comúnmente llamado Banco del Vaticano, y la Oficina del Auditor General.
Según el diario italiano, el decreto de búsqueda indica que las quejas indicadas por el Vaticano se originaron con el auditor general y el director del IOR, Gian Franco Mammi. En el mismo documento, los fiscales Gian Piero Milano y Alessandro Diddi afirman que creen que encontraron "serias indicaciones de malversación de fondos, fraude, abuso de cargos, lavado de dinero y lavado de dinero propio".
Otros informes proporcionan detalles sobre la compra de un edificio de apartamentos de 17 mil metros cuadrados en Londres, con una inversión del Vaticano de 200 millones de euros (223 millones de dólares).
L'Espresso dijo que los documentos muestran una conexión con el financista italiano Raffaele Mincione, a quien, según los informes, se le pidió invertir 200 millones de euros, en nombre del Vaticano, en una compañía petrolera en Angola.
Esta fue la idea del Cardenal Angelo Becciu, entonces obispo y funcionario de segundo rango de la Secretaría de Estado, según L'Espresso.
Cuando este proyecto se vino abajo, según los informes, Mincione propuso invertir en la propiedad de Londres, convirtiendo el antiguo almacén de Harrod en apartamentos de lujo.
El acuerdo se llevó a cabo con el Vaticano comprando el 45% de la propiedad en 2012 a través del fondo Athena Capital Global de Mincione. Cuando el mercado inmobiliario de Londres se desaceleró en 2018, el Vaticano se retiró del fondo de Mincione y compró el 55% restante de la propiedad.
Esta semana, CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– le pidió al Cardenal Becciu declaraciones sobre las acusaciones hechas en relación a su papel en la transacción de bienes raíces en Londres; sin embargo, aún no ha respondido.
El acuerdo de propiedad de Londres fue firmado por Mons. Alberto Perlasca, en ese momento funcionario de la Secretaría de Estado, en noviembre de 2018. La inversión del Vaticano en Londres se entregó a un inversionista italiano diferente, Gianluigi Torzi.
Esas son las inversiones que el director general de IOR, Gian Franco Mammi, supuestamente informó a los fiscales del Vaticano en 2018, lo que llevó a la investigación y la redada de este mes en la Secretaría de Estado y la posterior suspensión de cinco funcionarios y empleados.
El informe de L'Espresso afirmó que otra persona involucrada en el trato era el P. Mauro Carlino, una vez secretario personal del Cardenal Becciu y uno de los cinco empleados suspendidos de la Secretaría de Estado este mes.
El P. Carlino fue nombrado jefe de información y documentación en la Secretaría de Estado por el Papa Francisco este verano.
El informe de L'Espresso fue escrito por el periodista italiano Emiliano Fittipaldi, una de las cinco personas investigadas y acusadas por el Vaticano por la publicación de documentos confidenciales en el escándalo de 2015 denominado "Vatileaks II". Fittipaldi y un compañero periodista fueron luego absueltos.
La Secretaría de Estado es la oficina central de gobierno de la Iglesia Católica y el departamento de la Curia romana que trabaja más estrechamente con el Papa. También es responsable de la gobernanza del estado de la Ciudad del Vaticano.
La Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano, por su parte, supervisa las transacciones financieras sospechosas y se encarga de garantizar que las políticas bancarias del Vaticano cumplan con los estándares financieros internacionales.
Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en CNA.
