La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) informó que ya se inició una fase diálogos entre el Gobierno y algunos sectores sociales con el fin solucionar la crisis ocasionada por las últimas medidas económicas aprobadas por el poder Ejecutivo, como el retiro del subsidio a los combustibles que regía desde hace 40 años.
La CEE "informa que se ha iniciado una fase de diálogos exploratorios entre el Gobierno y los sectores sociales, en la sede de Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Quito, el 8 de octubre", señala un comunicado publicado el miércoles 9 de octubre.
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- Conferencia Episcopal Ecuatoriana (@Confepec) October 10, 2019
Los prelados ratificaron "su profundo compromiso con la paz" y renovaron "su llamado al diálogo al gobierno y a las distintas fuerzas políticas y sociales".
"Este proceso de diálogo, que se encuentra aún en construcción, podría incluir una gestión de mediación y agenda temática que deberá emerger en común acuerdo entre las partes. El Sistema de las Naciones Unidas y la Academia han demostrado su interés de facilitar el proceso de mediación", sostienen.
En ese contexto, confirmaron sentirse "esperanzados con este primer paso" y reiteraron su "posición en favor del diálogo".
"Instamos a las partes a continuar trabajando hacia un acuerdo final que viabilice el retorno a la calma y el fortalecimiento de la democracia. Ofrecemos nuestra oración constante para que se concreten puntos en común que devuelvan la paz a nuestra nación y se avance en la búsqueda de una justicia sostenible para la vida y la dignidad humana", concluyeron los obispos ecuatorianos.
Días atrás, el 7 de octubre, la CEE propuso ser mediadora para solucionar la actual crisis del país,
El martes 1 de octubre el presidente Lenín Moreno anunció un reajuste económico que incluye, además de la anulación del subsidio a los combustibles, medidas como la contribución especial a las empresas con ingresos de más de diez millones de dólares al año para destinar lo recaudado a seguridad, educación y salud.
Además estableció una reducción de 20% a los salarios de contratos temporales del sector público y la reducción de la vacaciones de 30 a 15 días para los empleados públicos. Sin embargo, la medida que más causó polémica es la referida a los combustibles.
El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dijo que estas medidas responden al acuerdo de febrero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha dado a Ecuador acceso a créditos por 4.209 millones de dólares en tres años, de los cuales 900 millones ya fueron entregados.
Según el FMI, las medidas económicas de Moreno –cuyo predecesor fue el expresidente Rafael Correa–, "tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana".
Sin embargo, el reajuste económico fue respondido con violentas protestas, especialmente en la Quito y en Guayaquil, que fueron respondidas el jueves por el Gobierno con un estado de excepción que, entre otras cosas, moviliza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y evitar más violencia. Además, suspende en todo el país la libertad de asociación y reunión.
El miércoles 9 de octubre el presidente Moreno, llegó a Quito, procedente de Guayaquil, para monitorear la situación de crisis en la capital.
