En un comunicado la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) propuso ser mediadora para solucionar la actual crisis del país, ocasionada por las últimas medidas económicas aprobadas por el Gobierno, entre ellas, el retiro del subsidio a los combustibles que regía desde hace 40 años.
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"Dentro del marco constitucional y legal del Estado ecuatoriano y buscando el bien común, como Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ratificamos nuestro firme compromiso de colaborar en la solución de las tensiones o conflictos que actualmente afronta nuestra sociedad ecuatoriana. En tal virtud, nos mantenemos abiertos a toda propuesta que las partes vieran conveniente y oportuna y en los términos más apropiados", indicaron los obispos en una carta del 7 de octubre.
"Hacemos votos para que el diálogo sereno y respetuoso nos permita seguir trabajando por la justicia y la solidaridad que nuestro pueblo espera de las autoridades gubernamentales y de todos los actores sociales y políticos", añadieron.
El martes 1 de octubre el presidente Lenín Moreno anunció un reajuste económico que incluye, además de la anulación del subsidio a los combustibles, medidas como la contribución especial a las empresas con ingresos de más de diez millones de dólares al año para destinar lo recaudado a seguridad, educación y salud.
Además estableció una reducción de 20% a los salarios de contratos temporales del sector público y la reducción de la vacaciones de 30 a 15 días para los empleados públicos. Sin embargo, la medida que más causó polémica es la referida a los combustibles.
El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dijo que estas medidas responden al acuerdo de febrero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha dado a Ecuador acceso a créditos por 4.209 millones de dólares en tres años, de los cuales 900 millones ya fueron entregados.
Según el FMI, las medidas económicas de Moreno –cuyo predecesor fue el expresidente Rafael Correa–, "tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana".
Sin embargo, el reajuste económico fue respondido con violentas protestas, especialmente en la Quito y en Guayaquil, que fueron respondidas el jueves por el Gobierno con un estado de excepción que, entre otras cosas, moviliza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y evitar más violencia. Además, suspende en todo el país la libertad de asociación y reunión.
Este miércoles 9 de octubre el presidente Moreno, llegó a Quito, procedente de Guayaquil, para monitorear la situación de crisis en la capital.
Días antes, el 4 de octubre, los obispos ecuatorianos se expresaron a favor de "la paz social", y señalaron que "el diálogo es el camino más adecuado y eficiente para que los ecuatorianos, especialmente los políticos, empresarios y representantes de los gremios y sindicatos, encontremos nuevos caminos que nos conduzcan hacia un país próspero desde una economía justa y solidaria".
