Los obispos de Panamá expresaron su apoyo a un proyecto de ley que busca permitir a los padres registrar a sus hijos fallecidos en el vientre materno, ya que esta posibilidad ayudaría "a los progenitores a aliviar el dolor y hacer más llevadero el duelo por la pérdida" de su bebé.
Así lo indicaron los obispos en un comunicado con fecha 12 de septiembre titulado "El derecho al registro de identidad del niño en el vientre" sobre el proyecto de ley 18 sobre la "Identidad del niño fallecido en el vientre materno", propuesto por la diputada del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Corina Cano.
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Según informa el diario La Prensa, con esta ley se crearía "un libro de defunciones de personas concebidas no nacidas" a nivel nacional y se modificaría el artículo 60 del Registro Civil referido a las defunciones, para incluir "las que ocurran en el vientre materno cualquiera sea la causa de la muerte, edad gestacional o peso que tuviera al momento del fallecimiento".
En el proyecto de ley también se indica que la inscripción se realizaría dentro de las 72 horas de ocurrido el fallecimiento.
La iniciativa, indican los medios panameños, ha sido criticada por algunos grupos feministas quienes consideran que el proyecto viola la ley, pone en riesgo el Código Civil y confunde las tareas del Registro Civil.
En su comunicado, los obispos recuerdan que "en distintas oportunidades, la Iglesia Católica ha defendido los derechos que tiene la persona desde el momento de su concepción hasta la muerte natural de la persona".
"En el Código de la Familia esto es reconocido en el Artículo No. 484 que regula los derechos y garantías del menor, al definir al menor como: 'todo ser humano desde su concepción hasta la edad de dieciocho (18) años'", precisan los prelados.
Asimismo subrayan que "el niño no nacido es una persona que tiene el derecho a tener una identidad. No podemos descartarlo como si nunca hubiese sido concebido. Para sus padres existió y así debe quedar consignado al darle un reconocimiento oficial".
En su comunicado los obispos también se refirieron a la próxima designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un proceso que debe ser "independiente de intereses políticos, partidistas e individuales, ante la fragilidad institucional y la débil confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia".
El 2 de septiembre se lanzó la convocatoria pública para el nombramiento de tres magistrados principales y seis suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como había indicado el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.
Esta convocatoria busca llenar la vacante por período vencido en la Sala Segunda de lo Penal, y dos vacantes a partir del 31 de diciembre de 2019 para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral; y en la Sala Segunda de lo Penal.
En el nombramiento de los magistrados, indicaron los prelados, "debe considerarse aspectos como: la solvencia moral y prestigio; la experiencia jurídica y la preparación académica; la proyección social e investigación científica; así como la participación ciudadana en la solución de los problemas de la justicia".
Por ello, "la Iglesia exhorta para que en este proceso se analice realmente el perfil de cada aspirante, para que la ciudadanía pueda conocer y dar su opinión, con el fin de que sean designadas las personas más aptas para estos altos cargos de la justicia panameña".
Esta, concluyeron, "es una oportunidad histórica para iniciar un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad de uno de los Órganos del Estado más fuertemente cuestionado, considerando las normas legales como los valores éticos, morales y espirituales, en los que se ha edificado este país".