La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) condenó "con indignación" la tortura y el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, a manos de militares; y responsabilizó al Estado venezolano de su muerte.
#SOSVENEZUELA DGCIM asesina a punta de TORTURAS al Cap. D Corbeta Rafael Acosta Arévalo. Detenido el 26Jun. Ayer llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de TORTURAS. No hablaba, sólo pedía AUXILIO a su abogado. No entendía ni escuchaba bien. Le pedia pic.twitter.com/0wgshHlEam
- Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) 29 de junio de 2019
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Asimismo, los obispos rechazaron que las fuerzas policiales hayan desfigurado y dejado ciego al joven Rufo Chacón Parada, cuando se manifestaba por la falta de gas doméstico.
"El Estado venezolano es responsable. No consentiremos la manipulación, el disimulo y la atenuación de estos graves hechos. Es nuestro compromiso como Iglesia, que ve en el rostro sufriente de los familiares y de las víctimas el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos víctimas hoy representan los gritos de muchos otros ciudadanos que han sido sometidos a iguales patrones y sus casos han sido invisibilizados", señala el comunicado de la comisión presidida por Mons. Roberto Luckert, publicado este 4 de julio.
El caso del capitán Acosta comenzó el pasado 21 de junio, cuando fue capturado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes lo habrían torturado. La noticia de su muerte se confirmó recién ocho días después.
El fiscal Tarek William Saab lo había acusado de participar del presunto intento de magnicidio y la noche del viernes 26 de junio fue presentado ante los tribunales militares.
Según informa el diario El País, quienes lo vieron dijeron que Acosta entró en silla de ruedas y con evidentes signos de tortura, de acuerdo a lo publicado en su cuenta de Twitter por la abogada Tamara Suju, directora del Instituto Casla. En mayo pasado esta activista presentó ante la OEA videos y testimonios sobre las torturas que sufren los detenidos en el DGCIM.
Por la muerte del capitán Arévalo dos miembros del DGCIM fueron llevados a prisión preventiva.
En su comunicado, la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado denunció que "la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, excesos policiales perpetrados con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin contra los venezolanos, son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales, y están ocurriendo permanentemente, como un secreto a voces que nos clama en la conciencia".
"Esta conducta inmoral, innoble y deshonrosa es un atentado a la dignidad de la persona y viola las convenciones y tratados suscritos por la República, que hace responsable directamente a los funcionarios que las ordenan, las apliquen, las toleren o que pudiendo impedirlo, no lo hagan", prosigue.
En el caso del joven Rufo, "la desproporción en el uso de la fuerza vuelve a dejar secuelas imborrables en esta familia: un joven bachiller ahora ciego, desfigurado y sin ganas de vivir, una madre traumatizada a quien además de los derechos básicos para la vida se les niega, el de manifestar, el de quejarse, el de no estar de acuerdo con esta vida precaria a la que hemos sido sometidos por la mala gerencia pública. El silencio no es una opción ante tanto atropello", expresaron los obispos.
El texto exige que en el caso del capitán Arévalo las investigaciones se rijan "de acuerdo a los estándares y protocolos internacionales relacionados con los casos de tortura y no como una simple investigación penal. Eso incluye la realización de la autopsia de ley adecuada y con expertos independientes y a preservar de manera adecuada todo el acervo probatorio".
"La precalificación e imputación de homicidio preterintencional con causal, de la cual la Comisión ha tenido información, pretende disimular la grave violación de los derechos humanos infringida contra el Capitán Arévalo. Esto es inaceptable", prosigue el comunicado.
Los obispos señalaron que al ser quienes torturaron al capitán agentes de 22 y 23 años de edad, vienen las preguntas: "¿Esta es la generación de relevo de las Fuerzas Armadas? ¿Quiénes enseñaron a estos jóvenes a causar tanto daño a sus hermanos? ¿Cuáles son las responsabilidades de los superiores en la cadena de mando de esas instituciones?".
Sin duda alguna, resaltan los prelados, "estos jóvenes perpetradores son también víctimas de un sistema que ha permitido esta degradación moral y espiritual en nuestro país".
La Comisión de Justicia y Paz exhortó a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, "a exigir al Estado venezolano el cese del patrón de violaciones a los derechos humanos en el país" y los familiares y grupos de derechos humanos los alienta a "no desfallecer en el instrumento de la denuncia que parece ser hoy no tan asertivo ante un Estado de alta impunidad".
"A los familiares les acompañamos con nuestra oración al Señor, por mediación de Nuestra Señora de Coromoto, para que cese la represión y reine la justicia, la misericordia y la paz que tanto anhelamos los venezolanos", concluye el comunicado.
