La Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó el 30 de mayo su preocupación por la forma en que se trata la seguridad en el país y en particular por el confuso incidente que dejó a cuatro jóvenes muertos y uno en estado de gravedad.
La noche del 20 de mayo, la policía de Buenos Aires perseguía un auto con cinco ocupantes en la localidad de San Miguel del Monte.
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En medio de la maniobra, el auto conducido por un joven de 22 años chocó con un camión. Él y tres de sus acompañantes, que eran menores de edad, fallecieron. La única sobreviviente permanece en estado de grave en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencia Varela.
Hasta el momento, una de las investigaciones confirmó que la policía disparó contra el vehículo.
Según el fiscal de La Plata, Héctor Bogliolo, "las cinco personas que viajaban en el vehículo no mostraron ninguna actitud sospechosa", pero indicó que había que esperar los resultados de nuevas indagaciones.
Asimismo, se informó que siete policías que participaron en la persecución fueron detenidos y cuatro jefes policiales fueron separados de sus cargos.
Debido a este y otros hechos de violencia que han conmocionado a la sociedad argentina, la comisión episcopal pidió a las autoridades esclarecer los hechos, sancionar "a quienes no obran de acuerdo a la ley" y fortalecer la "formación de quienes tienen la obligación de proteger a los ciudadanos".
"Los hechos de violencia de gravedad extrema inducen a suponer que en algunas estructuras de las fuerzas de seguridad anidan procedimientos incompatibles con el estado de derecho y que, al quebrar sus principios básicos, representan una amenaza particularmente para los jóvenes y las personas más vulnerables", precisó la comisión episcopal.
La comisión explicó que mientras algunos proponen vías para enfrentar la inseguridad que "no compatibles con el estado de derecho", otros "centralizan la problemática en la seguridad física o de los bienes materiales. No siempre profundizan las causas que la provocan o favorecen".
En ese sentido, señaló que "presentar como 'ejemplares' hechos mal llamados de justicia por mano propia o justificar actos violentos y delictivos sin esperar veredictos judiciales, no deberían caber en un país que aspire a pacificarse".
La comisión de la CEA valoró la seguridad ciudadana "con verdadera vocación de servicio", pero alertó que es urgente "corregir situaciones altamente dañosas" y dejar "atrás la creencia que las tareas de las fuerzas de seguridad habilita para la impunidad".
La Comisión Nacional de Justicia y Paz expresó su solidaridad a las víctimas y sus familias e insistió en recorrer los "caminos de la verdad y la justicia que lleven a esclarecer los hechos y a sancionar a los responsables".
