El Arzobispado de Mendoza (Argentina) desmintió a los medios que lo acusan de "ocultar o sacar de foco" los presuntos abusos sexuales que habrían cometido dos monjes del Monasterio del Cristo Orante.
"Lamentamos que medios tan prestigiosos como Clarín y La Nación, prioricen la inmediatez sobre la verdad", expresó el Arzobispado. "Una vez más comprobamos que se prefieren las conclusiones injuriosas a un previo, correcto y completo chequeo de la información", señaló.
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El caso se remonta al 27 de diciembre de 2018 cuando una comitiva judicial y policial ingresó al monasterio ubicado en la localidad de Tupungato para arrestar a Diego Roque y Oscar Portillo, dos sacerdotes de Buenos Aires que dirigen el monasterio desde 1996.
Los cargos que pesan sobre ellos son abuso sexual simple y agravado, abuso de autoridad, y corrupción de menores y mayores; esto último porque los hechos habrían ocurrido entre 2009 y 2015, cuando el denunciante llegó a la mayoría de edad.
El denunciante es un hombre de 26 años que habría intentado ingresar a la congregación en 2009. Los acusados, uno de 52 años y otro de 65, habrían cometido los abusos en el monasterio de Tupungato y también en la capital mendocina.
Ambos se declaran inocentes, sin embargo desde diciembre de 2018 se encuentran detenidos mientras dure la investigación.
Tras la detención de los acusados, el Arzobispo de Mendoza, Mons. Marcelo Daniel Colombo, decidió cerrar temporalmente el monasterio hasta que "se esclarecen los hechos sometidos a juicio".
En su reciente comunicado del 10 de abril, titulado "Una vez más, nuestra verdad", el Arzobispado de Mendoza acusó la "tendenciosa interpretación" de algunos medios sobre un pedido de prórroga de jurisdicción al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica en este caso.
Este pedido tiene como fecha el 17 de agosto de 2018 y fue publicada por el diario La Nación el 9 de abril de este año. Según este medio, el documento pide "evitar, conforme a antecedentes que ya existen en la Arquidiócesis de Mendoza y con resultados negativos para la misma, la posible judicialización en sede estatal de las actuaciones de nuestro tribunal".
Frente a esto, el Arzobispado manifestó que "una tendenciosa interpretación de dicho texto, manifestada en títulos agraviantes y conceptos falaces de algunos periodistas, busca mostrar la intención de provocar una dilación, retraso o postergación en la actuación canónica".
Explicó que "canónicamente, pedir la prórroga de jurisdicción es solicitar la intervención de otro tribunal, de manera que se ponga al abrigo de una mirada escéptica la labor de un tribunal local, evitando con ello que se cuestione la objetividad e imparcialidad del mismo".
"A tal fin, con la investigación canónica realizada, a pocos días de asumir su función, el nuevo arzobispo (Mons. Marcelo Colombo) decretó el inicio del juicio penal y pidió la intervención de un tribunal eclesiástico de otra jurisdicción", aclaró.
Entre otras precisiones, el Arzobispado de Mendoza también se refirió a la afirmación de que la solicitud de la Arquidiócesis tenía por fin "ocultar o sacar de foco" los presuntos abusos cometidos.
"Nada más erróneo. El decreto pide justamente la actuación del sistema público de justicia en la Iglesia, quedando además la sede local mendocina a disposición del solicitado tribunal, y garantizándose al denunciante y al acusado la publicidad del procedimiento y sus posibilidades de conocimiento y actuación", sostuvo.
El Arzobispado de Mendoza lamentó que "esta forma de ejercer el periodismo, renuncia de este modo a oportunas y completas explicaciones, que bien hubieran dado cuenta de los términos y las motivaciones del pedido de prórroga de jurisdicción que según se advierte en nuestro escrito, ni oculta ni dilata nada".
Lea el comunicado completo AQUÍ.
