Por Giselle Vargas
Organizaciones provida y profamilia de Argentina presentaron el 4 de abril un recurso de queja contra los artículos que atentan contra la vida, y promueven el aborto, en el proyecto de reforma del código penal.
El proyecto de reforma al Código Penal fue presentado el 25 de marzo por el presidente Mauricio Macri y plantea modificaciones en temas como corrupción, narcotráfico, delincuencia, delitos informáticos, entre otros.
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El proyecto aborda la punibilidad del aborto en los artículos 85, 86, 87 y 88. En ellos mantiene las penas para las personas que realizan un aborto con o sin consentimiento de la mujer; pero también establece que esta práctica no será punible cuando haya peligro para la vida o la salud "física o mental de la madre".
Al respecto, las organizaciones explicaron que la vida, un "bien jurídico tan fundamental e inherente a toda la humanidad" y resguardado en el ordenamiento nacional e internacional, está "seriamente amenazado" por la modificación sustancial de los artículos mencionados.
En ellos se busca "una clara y manifiesta intencionalidad en despenalizar el delito de aborto y por consiguiente, violar todos los preceptos constitucionales e internacionales sobre el derecho a la vida del niño por nacer", describe la queja.
Las organizaciones precisaron que de aprobarse el artículo 86 "el aborto será no punible para cualquier caso y de forma absolutamente deliberada e indiscreta, permitiendo a futuro que se genere en la justicia una vasta hermenéutica jurídica contra la vida humana del niño por nacer".
En tanto, el artículo 88 da la "posibilidad de eximir de la pena a la mujer que cause su aborto, otorgándole a los jueces una amplia facultad totalmente infundada y deliberada en dejar impune el delito de aborto".
Asimismo, sostuvieron que es "responsabilidad" del Defensor del Pueblo "pronunciarse respecto de este grave asunto" y "tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar que el congreso debata algo que nuestro ordenamiento supremo no permite debatir, que es la vida.
También, recordaron que el Congreso de la Nación rechazó el proyecto legalización y despenalización del aborto el 8 de agosto de 2018.
En ese sentido, se debe "dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia", aseguraron los firmantes.
La ONG Más Vida, Marcha Por La Vida, Juventud Con Una Misión (JUCUM), Con Mis Hijos No Te Metas, Somos Todo Vida fueron las organizaciones que solicitaron la representación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, figura jurídica que debe controlar a las instituciones y funcionarios de gobierno para el cumplimiento de sus deberes y el respeto de la constitución y las leyes.
Periodista, licenciada en Comunicación Social, Universidad del Desarrollo. Se ha especializado en comunicación eclesial. Se ha desempeñado como periodista en vicarías y proyectos del Arzobispado de Santiago y la Conferencia Episcopal de Chile. Respondiendo al llamado del Señor… en todo ‘Soli Deo Gloria’.
