La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) participa como facilitadora del diálogo entre el Gobierno del presidente Martín Vizcarra y las comunidades campesinas para resolver el conflicto minero de Las Bambas en la región andina de Apurímac, donde los comuneros han cerrado por más de 50 días las vías de acceso a la mina.
Según informa la CEP, en la tarde del domingo 31 de marzo se reunieron en la sede del Episcopado el presidente de este organismo, Mons. Miguel Cabrejos, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba y que estuvo detenido hace unos días.
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La CEP afirma que "el diálogo se realizó en un ambiente de buena voluntad y entendimiento entre todos los participantes. Mons. Cabrejos expresó que la conferencia episcopal ha aceptado el pedido de las comunidades de Fuerabamba, del poder ejecutivo y de la empresa minera MMG Las Bambas para realizar la labor de facilitación del diálogo, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo".
A su turno, indica la nota de la CEP, el primer ministro agradeció al Episcopado "por apoyar el diálogo entre las partes" y manifestó "la disposición del diálogo del Gobierno".
La próxima reunión será el sábado 6 de abril, también en la sede de la CEP.
El conflicto minero Las Bambas
Las Bambas es una mina a tajo abierto que produce alrededor del 2% de cobre de todo el mundo. Está ubicada en Apurímac y su producción se ha paralizado debido al cierre de las carreteras efectuado por la comunidad de Fuerabamba, liderada por Gregorio Rojas.
El conflicto se remonta al año 2014, aunque las protestas de los comuneros son contra la minera china Minerals and Metals Group (MMG), que inició sus operaciones en 2015. Los pobladores consideran que no fueron compensados adecuadamente por la empresa cuyos camiones pasaban diariamente por la zona.
Para el transporte del cobre debía construirse un "mineroducto" hasta la localidad de Espinar, en la región Cusco. Sin embargo, MMG no la realizó al considerar que no era rentable.
Para poder extraer el mineral, la comunidad de Fuerabamba fue reubicada en una urbanización nueva y moderna, además fue indemnizada, pero no satisfactoriamente según los comuneros que se dedican a la agricultura.
Los comuneros también señalan que la minera hizo un camino para sus camiones sin consultar a la comunidad. MMG rechaza esas afirmaciones.
La tensión aumentó cuando Rojas y sus abogados Jorge y Frank Chávez Sotelo fueron arrestados, acusados de extorsionar a la minera para dejar pasar sus camiones a cambio de 500 millones de soles.
La detención crispó más los ánimos de los comuneros que, además de sus paros y protestas que han dejado cinco muertos y varios heridos, lanzaron piedras a un helicóptero que trasladaba una misión del Gobierno compuesta por tres ministros.
La aparición de los hermanos Chávez Sotelo en enero de 2018 hizo que la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Abancay interceptara legalmente sus comunicaciones, descubriendo cómo se coordinaban los bloqueos de las vías de acceso a la mina para presuntamente enriquecer a unos pocos.
Algunos pobladores dicen no ser antimineros sino que desean que se respeten sus derechos y que sean debidamente compensados, especialmente quienes viven en el fundo Yavi Yavi, cuyas 38 hectáreas son atravesadas por la vía que transporta el mineral.
Tras la liberación de Rojas hace unos días, Salvador del Solar dijo que la medida busca abrir un espacio de diálogo: "Creemos que hay un espacio para que el Ejecutivo continúe con el diálogo, creo que ahora que tenemos de vuelta un interlocutor, el diálogo debería darse, y considero que es momento de que lo busquemos y eso es lo que vamos a hacer", indicó.
Del Solar dijo además que los dirigentes de Fuerabamba serán recibidos el próximo 9 de abril por los ministros de Transportes, Edmer Trujillo Mori; Salud, Zulema Tomás; y de Desarrollo, Paola Bustamante, asignados por el Gobierno para el diálogo.
La producción de Las Bambas, cuyo cobre es enviado a China, tiene una inversión estimada de 10 mil millones de dólares. A causa de los bloqueos, se estima que se ha perdido alrededor de 300 millones.